El primer bloque del debate presidencial abrió con un cruce directo entre candidatos que marcó el tono de la jornada. En el escenario del Centro de Convenciones de Lima, el intercambio dejó en evidencia tensiones acumuladas y cuestionamientos personales que desplazaron momentáneamente la discusión programática. La intervención de los postulantes se desarrolló bajo la moderación del Jurado Nacional de Elecciones, entidad encargada de la organización del encuentro.
Desde el inicio, el debate mostró un clima de confrontación. Las acusaciones y respuestas se encadenaron sin pausas, con alusiones a trayectorias políticas y cuestionamientos sobre vínculos pasados.
El candidato de País para Todos, Carlos Álvarez y Pablo López Chau, del partido Ahora Nación, respondieron a los señalamientos de su contendor con una intervención en la que evitaron profundizar en ataques directos, pero dejó una frase que generó reacciones inmediatas. Por su parte, el postulante de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, centró parte de su discurso en propuestas vinculadas a la seguridad ciudadana.
Cruce de acusaciones en el escenario
El intercambio comenzó con una acusación frontal. Pablo López Chau indicó: “El señor Lezcano miente. Sabe que miente, porque si fuera cierto lo que dice, yo no estaría aquí, en este podio”. La misma intervención añadió cuestionamientos sobre la trayectoria del candidato, al señalar: “Mientras yo protegía a los estudiantes en la uni, él cobraba su cheque de asesor del congreso. Eso es lo que tiene que explicar”.
Tras esa intervención, el moderador dio paso a Carlos Álvarez, quien optó por no responder en el mismo tono. Durante su participación, expresó: “Me extraña que el señor Lezcano, siendo un político con tanta experiencia, tenga que descender a este nivel, estos ataques arteros”. A continuación, agregó: “No voy a contestar ese tipo de ataques”.
El momento más comentado llegó cuando el candidato respondió a insinuaciones relacionadas con el pasado. “A mí, el señor Abimael Guzmán nunca me dijo de puño y letra: ‘Gracias por sus servicios’”, declaró, en alusión a Abimael Guzmán.
Propuestas sobre seguridad ciudadana
Más allá del cruce inicial, Yonhy Lescano presentó medidas enfocadas en la seguridad. Durante su intervención, sostuvo que se requiere una reorganización de la Policía Nacional del Perú. “Tenemos malos elementos oficiales y oficiales que incluso pertenecen a bandas criminales y eso no se puede permitir”, afirmó.
El candidato propuso una depuración interna como parte de una estrategia para enfrentar la delincuencia. Además, planteó un trabajo conjunto entre diversas instituciones. En ese sentido, mencionó la participación de las Fuerzas Armadas, las rondas campesinas, el serenazgo y comités de autodefensa para reforzar el control del orden público.
En relación con el sistema penal, planteó sanciones más estrictas. “El delincuente que es sorprendido en la calle no puede salir a la hora, tiene que irse a la cárcel a trabajar”, señaló. La propuesta apunta a evitar liberaciones rápidas y a establecer medidas que, según indicó, contribuyan a reducir la reincidencia.
Planteamientos de Álvarez sobre sanciones y financiamiento criminal
Por su parte, Carlos Álvarez centró su exposición en medidas punitivas más severas. Entre sus propuestas, planteó la pena de muerte para casos de sicariato en flagrancia como respuesta a la inseguridad.
El candidato indicó que, en un eventual gobierno, impulsaría la denuncia del Pacto de San José con el objetivo de habilitar este tipo de sanción. La iniciativa se enmarca en un enfoque que prioriza el endurecimiento de penas frente a delitos graves.
Además, planteó acciones para afectar las finanzas de organizaciones delictivas. Según explicó, se realizaría un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Poder Judicial y el Ministerio Público. La intención consiste en identificar y bloquear recursos vinculados a actividades como la extorsión.
El primer bloque del debate dejó así un escenario marcado por confrontaciones personales y propuestas centradas en seguridad, con posiciones diferenciadas sobre el rol del Estado frente al delito.
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