El Poder Judicial de Perú realizará este lunes 23 de marzo una audiencia virtual para examinar la apelación presentada por la defensa de Víctor Polay Campos, que busca revocar la medida de 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra por presuntos delitos de terrorismo agravado y asesinato. Ambos delitos son considerados en la decisión de prisión preventiva.
El recurso, admitido el cinco de diciembre de 2025 por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, será revisado con el fin de determinar si los argumentos presentados por la defensa permiten sustituir la detención provisional por una comparecencia simple.
La acusación contra Polay Campos se fundamenta en la presunta comisión de asesinato conforme al artículo 108.3 del Código Penal y en conexión con el Estatuto de Roma, además de cargos de terrorismo agravado al amparo de los artículos dos y tres del Decreto Ley 25475. La fiscalía señala que se trata de un contexto que afecta la seguridad nacional.
El proceso penal avanza en instancia superior después de completarse el control de admisibilidad del recurso de la defensa, lo que habilita a la sala a analizar la proporcionalidad de la medida cautelar impuesta.
De acuerdo con la resolución judicial, la decisión se notificará a las partes una vez finalizada la evaluación de los elementos presentados por el Ministerio Público de Perú, según precisó el Poder Judicial a Canal N.
Las normas procesales aplicadas contemplan tanto la legislación peruana como disposiciones internacionales, ya que los hechos investigados corresponden a delitos calificados como de lesa humanidad —es decir, violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos reconocidas por la legislación peruana—, según fuentes judiciales del Poder Judicial citadas por el medio.
Motivos de la prisión preventiva a Víctor Polay
El Poder Judicial dispuso 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay, exlíder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), al considerar el riesgo de fuga, la gravedad de los hechos investigados y los elementos de convicción presentados por la Fiscalía.
La medida se fundamenta en la acusación de homicidio calificado y terrorismo agravado dentro del caso Las Gardenias, en el que la Fiscalía sostiene que entre 1989 y 1992 se perpetraron asesinatos de integrantes de la comunidad LGTBI en la región San Martín, como parte de un plan de “limpieza social” aprobado por el MRTA en 1988.
La acusación fiscal indica que miembros del Frente Nororiental del MRTA ejecutaron a 8 hombres integrantes de la comunidad LGTBI en la discoteca Las Gardenias, en Tarapoto, en mayo de 1989. En 1990, fue asesinado Luis Pinchi, estilista de la misma ciudad. Durante 1991 y 1992, las víctimas Silvano Vela y Salomón Pérez también fueron ejecutadas por motivos relacionados con su orientación sexual.
La Fiscalía ha solicitado cadena perpetua para Polay y otros implicados, considerados autores mediatos en el contexto de violaciones a los derechos humanos.
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