La naturaleza como infraestructura crítica

Durante décadas, los Estados han aprendido a proteger aquello cuya falla pone en riesgo la continuidad: energía, agua, transporte, sistemas financieros. A eso lo llamamos infraestructura crítica. Se planifica, se mantiene, se financia y se protege porque su colapso no es una opción.

Sin embargo, hay un sistema del que depende todo lo anterior —la economía, la estabilidad fiscal, incluso la legitimidad democrática— y que sin embargo sigue siendo tratado como un asunto periférico: la naturaleza.

No como infraestructura.

Únicamente desde el lente de la conservación.

Ese error de clasificación no es semántico. Es político.

Cuando un sistema no se reconoce como infraestructura crítica, no se gobierna como tal. No entra en los marcos de riesgo, no se mantiene de forma preventiva, no se incorpora en la planificación económica. Solo aparece cuando falla. Y cuando falla, lo hace en cascada.

Hoy lo vemos con claridad: sequías que se convierten en crisis energéticas, degradación de suelos que deriva en inflación alimentaria, pérdida de ecosistemas que se traduce en riesgos fiscales, presión migratoria y finalmente erosión de la confianza pública. Estos no son “impactos ambientales”. Son fallas sistémicas.

El problema no es que los Estados ignoren la evidencia científica. Es que siguen usando un lenguaje institucional equivocado para gobernar en el siglo XXI.

Por eso necesitamos un nuevo marco: entender la naturaleza como infraestructura crítica. No como metáfora. Como categoría de Estado.

La infraestructura crítica no se define por ser de cemento o acero, sino por una pregunta simple: ¿qué ocurre si falla? Si la respuesta es disrupción económica, estrés fiscal y deterioro institucional, entonces estamos frente a un sistema crítico. Bajo ese criterio, muchos ecosistemas cumplen exactamente esa función: cuencas que sostienen ciudades enteras, suelos que alimentan economías, bosques y humedales que regulan riesgos climáticos, costas que protegen activos productivos.

Cuando estos sistemas se degradan, el impacto no es gradual ni sectorial. Es acumulativo y no lineal. Primero se altera la función ecológica. Luego fallan servicios básicos. Después llegan los shocks económicos. Más tarde, el estrés fiscal. Y finalmente, la erosión de la gobernabilidad. Para entonces, la causa original (ecológica) ya no suele estar en el debate público.

Este encadenamiento no es una anomalía. Es el patrón.

América Latina ofrece un territorio particularmente claro para observarlo. La región concentra cerca del 40% de la biodiversidad mundial, pero también enfrenta fragilidades institucionales profundas. Allí donde el capital natural sostiene economías enteras, su degradación no solo reduce bienestar: redefine relaciones de poder, abre espacio a economías ilegales y debilita la capacidad del Estado para cumplir su promesa básica de continuidad.

Tratar esto de forma aislada como un “problema ambiental” es, en la práctica, ignorar su dimensión económica, fiscal y política.

Gobernar la naturaleza como infraestructura crítica implica algo distinto. Implica que su mantenimiento deja de ser opcional. Que la prevención es más racional que la respuesta reactiva. Que la inversión ecológica no compite con la estabilidad fiscal, sino que la protege. Y que los ministerios de economía, no solo los ambientales, deben asumir responsabilidad sobre sistemas de los que depende la viabilidad del país.

No se trata de crear nuevas burocracias ni de romantizar la conservación. Se trata de alinear la gobernanza con la realidad del riesgo. De reconocer que hay sistemas vivos cuya falla tiene el mismo peso —o mayor— que la caída de una red eléctrica o de un sistema financiero.

Este enfoque forma parte de un trabajo de investigación en desarrollo que parte de una pregunta incómoda: ¿por qué seguimos gestionando los cimientos de nuestras economías y sociedades como si fueran externalidades?

La respuesta importa, porque los Estados que no gobiernan sus cimientos terminan reaccionando siempre tarde. Pagan más, improvisan más y pierden margen de maniobra para gobernar a largo plazo.

En un mundo de riesgos acumulativos, gobernar bien ya no consiste solo en distribuir recursos o regular mercados. Consiste en proteger aquello que hace posible la estabilidad.

Y lo que no se gobierna como infraestructura, inevitablemente, termina fallando como sistema.