Julio Arbizu cuestiona que el Estado asuma defensa legal de José Jerí por caso ‘Chifagate’

El exprocurador anticorrupción Julio Arbizu cuestionó el pedido del presidente encargado, José Jerí, para que el Estado peruano asuma los costos de su defensa legal en la investigación fiscal conocida como “Chifagate”. En entrevista con Ideele Radio, Arbizu sostuvo que los hechos materia de investigación no estarían relacionados con el ejercicio regular del cargo, requisito indispensable —según la normativa vigente— para acceder a una defensa financiada con recursos públicos.

Durante la entrevista radial, Arbizu explicó que la legislación peruana permite que los funcionarios públicos accedan a defensa legal costeada por el Estado únicamente cuando los actos imputados penalmente se producen en el marco del ejercicio de sus funciones. Indicó que este beneficio busca proteger a funcionarios que, al tomar decisiones propias de su cargo, pueden ser objeto de denuncias o presiones indebidas.

Como ejemplo, mencionó casos de abuso de autoridad o decisiones administrativas cuestionadas penalmente, siempre que estas se hayan producido dentro de las atribuciones formales del cargo. En contraste, señaló que los hechos atribuidos a José Jerí no responderían a ese supuesto legal.

Hechos investigados y ejercicio del cargo

En el diálogo con el citado medio, Arbizu afirmó que las conductas investigadas —entre ellas reuniones no registradas en la agenda oficial con particulares— no forman parte del ejercicio regular de la función pública. Indicó que el presidente de la República, incluso de manera interina, es el primer funcionario obligado a cumplir con los principios de transparencia.

Asimismo, sostuvo que reunirse de manera informal con personas que mantienen intereses específicos frente al Estado no puede considerarse un acto funcional. En ese sentido, afirmó que, bajo su análisis, no correspondería que el Estado asuma los costos de la defensa legal en este caso.

“Chifagate”

El caso, denominado “Chifagate”, es investigado por la Fiscalía de la Nación por presuntos delitos como patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. La indagación se centra en reuniones que José Jerí habría sostenido con empresarios extranjeros, las cuales no habrían sido registradas oficialmente en los sistemas de control del Estado.

De acuerdo con un documento emitido por la Subsecretaría General de la Presidencia, el Estado asumirá los costos de la defensa legal del presidente encargado durante la etapa de investigación preliminar. La solicitud fue presentada por el propio Jerí y aprobada conforme a la normativa vigente, bajo el argumento de que los hechos estarían relacionados con el ejercicio de sus funciones.

Hasta el momento, no se ha definido el monto que se destinará para cubrir los honorarios legales, ya que el Despacho Presidencial realizará previamente un estudio de mercado. Fuentes oficiales precisaron que la cobertura se limita a la etapa preliminar y no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad del mandatario.

Posibles delitos

Durante la entrevista, Arbizu señaló que, de acuerdo con los hechos descritos, podrían configurarse distintos tipos de infracción. En primer lugar, mencionó la posible vulneración de normas administrativas vinculadas a la transparencia en la función pública.

Asimismo, explicó que, de acreditarse favorecimientos indebidos en contrataciones o decisiones administrativas, podrían evaluarse delitos como negociación incompatible. En caso de que se pruebe un acuerdo entre un funcionario público y un particular para defraudar expectativas del Estado, señaló que podría configurarse el delito de colusión, incluso en su modalidad simple, la cual no requiere necesariamente un perjuicio económico directo.

También indicó que, dependiendo de los elementos que se acrediten en la investigación, podrían evaluarse supuestos de tráfico de influencias, relacionados con el uso o invocación de influencia para incidir en procedimientos administrativos o decisiones estatales.