Extorsión en las carreteras: así opera el sistema que protege al transporte informal

La informalidad en el transporte interprovincial está meticulosamente organizada. Detrás de muchos servicios ilegales existe una estructura sostenida por cobros clandestinos, amenazas constantes y control territorial. Para los gremios formales, la extorsión se ha convertido en un factor decisivo que explica por qué los colectivos informales siguen expandiéndose en las carreteras del país, incluso en zonas donde la presencia policial debería garantizar orden.

Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Transportistas Interprovinciales (Cotrap - Apoip), sostiene que este fenómeno no es nuevo, pero sí ha evolucionado. Según explicó, uno de los mecanismos que permitió su consolidación es el llamado “falso chalequeo”, una modalidad de pago ilegal que protege a quienes operan fuera de la ley. “Uno de los avances que ha tenido la extorsión es porque las empresas ilegales e informales están pagando un falso chalequeo, y esto originó que la delincuencia cunda en este tipo de modalidades de transporte interprovincial ilegal”, afirmó.

Este sistema no solo permite que los colectivos informales operen sin interferencias, sino que fortalece a organizaciones criminales que terminan imponiendo reglas propias en las rutas más transitadas. La carretera deja de ser un espacio regulado y se convierte en un territorio condicionado por la violencia.

Fiscalizar bajo amenaza constante

La expansión de la extorsión ha reducido de forma drástica la capacidad de fiscalización. Ojeda advirtió que los operativos contra el transporte informal suelen fracasar cuando no cuentan con respaldo policial suficiente, debido a la reacción organizada de quienes controlan estos puntos.

“Cuando hay operativos de la central sin mucho apoyo policial, son desbordados a punta de pedradas y matonerías”, relató. En este escenario, los inspectores enfrentan no solo resistencia, sino agresiones directas que convierten su labor en una actividad de alto riesgo.

El dirigente recordó que esta violencia no es solo intimidación. Hace algunos años, un inspector fue asesinado en Andahuaylas, un hecho que marcó al sector y reforzó el temor entre quienes deben hacer cumplir la norma. La fiscalización, bajo estas condiciones, pierde efectividad y termina cediendo frente al control criminal.

Rutas largas, riesgos mayores

El impacto de la extorsión también se refleja en la forma en que hoy se cubren las rutas interprovinciales. Colectivos diseñados para trayectos cortos han comenzado a recorrer distancias extensas, cruzando regiones completas sin cumplir condiciones mínimas de seguridad.

Ojeda señaló que servicios que antes cubrían rutas como Lima–Ica ahora llegan hasta Huánuco o Pucallpa, muchas veces con un solo conductor al volante. “Tú no puedes manejar quince, doce, siete horas seguidas”, advirtió.

Este tipo de prácticas incrementa el riesgo de accidentes y expone a los pasajeros a viajes sin garantías. Muchos usuarios desconocen las condiciones reales del servicio que contratan y solo toman conciencia del peligro cuando ya están en carretera.

Además, la presencia masiva de colectivos informales ha llevado a la quiebra de empresas que operaban rutas cortas de manera legal, incapaces de competir con servicios que no asumen costos de seguridad ni cumplen regulaciones.

Empresas formales e informales en la mira

Para el gremio interprovincial, enfrentar este problema exige decisiones firmes y sin excepciones. Ojeda fue enfático al señalar que la extorsión debe sancionarse sin diferenciar entre operadores formales e informales que participen de estos esquemas.

“Eso se tiene que castigar igual a una que a la otra”, sostuvo. Desde su perspectiva, tolerar estos pagos ilegales solo fortalece un sistema paralelo que debilita cualquier intento de ordenamiento del transporte.