El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, ubicado en el distrito de San Miguel, en la capital peruana de Lima, fue escenario de un motín e incendio la noche del 8 de enero de 2026. El incidente involucró a 72 internos del pabellón Nazareno, quienes prendieron fuego a colchones dentro de las instalaciones, generando una emergencia que movilizó a diversas autoridades y evidenció las recurrentes problemáticas que enfrenta el sistema de justicia juvenil en Perú.
Según información oficial, el siniestro comenzó alrededor de las 21:30 y provocó la rápida intervención de cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú. El humo y las llamas se expandieron con rapidez, lo que alarmó a los residentes de la zona y forzó el cierre de la avenida La Paz. Vecinos reportaron gritos y un inusual movimiento, mientras circulaban videos en redes sociales que mostraban la magnitud del incendio.
Durante el operativo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) actuaron para restablecer el orden y evacuar a los internos de las zonas afectadas. Un agente policial explicó que algunos jóvenes resultaron intoxicados por la inhalación de humo, aunque no se reportaron víctimas mortales. El balance oficial indicó dos personas heridas: un interno y un trabajador del INPE, este último lesionado por un objeto contundente lanzado desde el segundo piso.
El incidente desató momentos de tensión entre los familiares, quienes se congregaron en los exteriores del centro juvenil, exigiendo información clara sobre el estado de los internos y denunciando presuntos maltratos durante el control del motín.

La Defensoría del Pueblo intervino de inmediato para supervisar la gestión de la emergencia y verificar el respeto a los derechos fundamentales de los adolescentes y jóvenes privados de libertad. Su personal coordinó directamente con las autoridades del centro y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), con el objetivo de asegurar la integridad física y emocional de los internos y prevenir nuevos riesgos.
Crisis y delitos en Maranguita: patrones de extorsión y falta de control
El motín más reciente en Maranguita revela una dinámica delictiva persistente en el centro juvenil. Las autoridades han detectado que, desde el interior, algunos internos organizan extorsiones dirigidas a empresarios y emprendedores, replicando esquemas que antes se observaban solo en cárceles de adultos. La Fiscalía halló durante requisas papeles con números telefónicos y mensajes en las paredes vinculados a posibles víctimas, lo que ha generado preocupación sobre el uso de estos centros como puntos de coordinación para actividades criminales.
Faviola Campos Hidalgo, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, explicó que estos comportamientos representan patrones reiterados y no hechos aislados, lo que señala una crisis en el control interno tanto en Maranguita como en otros centros juveniles del país. Las inspecciones preventivas han permitido identificar esquemas de extorsión en etapa inicial, aunque suelen enfrentar resistencia por parte de los internos.

Las investigaciones muestran, además, que muchos adolescentes implicados en delitos graves provienen de contextos de alto riesgo social, vinculados principalmente al consumo de alcohol. Por este motivo, la Fiscalía realiza operativos en bares y discotecas para disminuir la exposición de los menores a estos peligros y evitar delitos asociados, como la violencia sexual.
Esta situación confirma advertencias previas, como la realizada en octubre de 2025 por un exdirector del centro, quien alertó que Maranguita se ha convertido en una “escuela del crimen” y que la institución está al borde del colapso debido a la sobrepoblación, hacinamiento y falta de recursos. Según su testimonio, las condiciones actuales dificultan los procesos de rehabilitación y favorecen la reproducción de conductas delictivas dentro del establecimiento.
En el último año, la seguridad del centro también se ha visto comprometida por distintos reportes de fuga de internos. En mayo de 2025, seis jóvenes escaparon utilizando una cuerda improvisada hecha con retazos de tela para descender un muro de diez metros de altura. Tras este episodio, el Ministerio de Justicia anunció la futura reubicación de Maranguita fuera del distrito de San Miguel, buscando mejorar la infraestructura y fortalecer los estándares de seguridad.

La falta de control interno, la aparición de delitos graves, los reportes de fugas y la exposición de los jóvenes a situaciones de alto riesgo confirman que los problemas en Maranguita exceden los incidentes puntuales. El caso pone de manifiesto la necesidad de reformas estructurales para contener el avance de la delincuencia juvenil y asegurar procesos de rehabilitación realmente efectivos.
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