Choza Náutica cierra sus puertas en Santa Anita y denuncia a municipalidad por extorsión y cobro de cupos: difundirán pruebas

El restaurante Choza Náutica anunció el cierre de sus operaciones en el distrito de Santa Anita y acusó a la municipalidad de extorsión y de exigir pagos a cambio de autorizar eventos y donaciones por las fiestas de fin de año.

“Pidieron cupos por eventos, donaciones y cada vez querían más; condicionan y entrampan trámites de licencia. La Subgerencia de Fiscalización es el bastión extorsivo para clausurar cuando no se hace la voluntad del alcalde”, indicó el establecimiento en una serie de comunicados difundidos en sus plataformas sociales.

La empresa denunció que la gestión del alcalde Olimpio Alegría “clausuraba de manera antojadiza, presumimos ordenada por el alcalde, cuando no se cumplían sus requerimientos”.

De acuerdo con el pronunciamiento, la decisión de abandonar el distrito respondió a los constantes obstáculos contra sus actividades. “Santa Anita no merece un alcalde y funcionarios que quiebren empresarios”, declaró.

El local detalló un hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2025. “En represalia, la municipalidad puso un muro de concreto a las 21:00 horas”, precisó. En otro punto del documento, sostuvo que el burgomaestre, por intermedio de sus funcionarios, “condicionó el funcionamiento del local a la solicitud de brindar canastas navideñas o exigiendo depósitos directos a un proveedor”, documentación que aseguró anexar posteriormente.

Choza Náutica anunció que expondrá fotografías, videos y audios de funcionarios y personas cercanas a la actual administración que “evidencian la coacción que ha venido sufriendo la empresa”. Además, exhortó a otros negocios a pronunciarse y a sumarse a acciones legales.

Descargos

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Santa Anita rechazó las acusaciones mediante un comunicado, negó cualquier acto irregular e informó que, a través del área de Fiscalización, detectó que el establecimiento “falsificó la licencia de funcionamiento y el certificado ITSE” (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones), documento que acredita el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Debido a ello, la comuna inició acciones administrativas, legales y penales, al señalar que el funcionamiento del local ponía en riesgo la vida y la salud de los asistentes.

Asimismo, indicó que emprendió procesos legales por difamación y uso indebido de información, “las cuales afectan la imagen institucional, más aún si los hechos propalados por el establecimiento son en represalia por la denuncia formulada por la corporación municipal ante la falsificación de documentos”, según el comunicado.

“La Municipalidad Distrital de Santa Anita reitera que los negocios, comercios y la inversión privada que desarrollan Sus actividades dentro del marco de la ley siempre serán bienvenidos en el distrito. Asimismo, se exhorta a los vecinos a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la Corporación Municipal”, concluyó.

En diciembre de 2024, la autoridad edil enfrentó un pedido de vacancia por presuntas irregularidades en la contratación de personal, pero la solicitud no prosperó. Ocho regidores votaron a favor de que Olimpio continúe en el cargo y tres respaldaron la vacancia.

Ruth Cano, primera regidora y una de las que apoyó la vacancia, afirmó que las contrataciones irregulares habrían causado pérdidas de 41 500 soles, dinero que pudo destinarse a obras o a comedores populares. “No se puede perdonar. Es nuestro trabajo fiscalizar y apoyar a la población, para eso hemos sido elegidos”, declaró en ese momento.