
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE Lima Centro) admitió a trámite la candidatura del prófugo exalcalde de Trujillo César Fernández Bazán a pesar de tener una condena vigente por difamación agravada.
En la resolución, el JEE Lima Centro también afirma que Fernández Bazán no está inmerso en el impedimento establecido en el artículo 34-A de la Constitución. Este es tener una “sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.

No obstante, cabe precisar que el tribunal electoral llega a esta conclusión a partir de “la documentación que obra en el expediente y de las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos”.
Resulta que en su hoja de vida, Fernández Bazán no consignó ninguna de las otras sentencias firmes que arrastra, como una condena por difamación agravada en perjuicio de la policía Nataly Rojas. Dicho fallo llegó a la Corte Suprema, que en 2024 rechazó la queja del exalcalde.
Tampoco pone en conocimiento la condena que lo inhabilitaría para postular en las Elecciones. Esta es la que le impuso en setiembre de este año el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, que lo halló culpable del delito de difamación agravada por llamar “coimero” a un trabajador municipal.
Esta sentencia es de primera instancia y se trata de un delito doloso, la difamación, por lo que César Fernández Bazán no podría postular, según expertos.

Fernández Bazán sería excluido del proceso electoral cuando, al realizarse la respectiva consulta con el Poder Judicial, el JEE tome conocimiento oficialmente de que existe una condena vigente.
Llevan al presunto líder del Escuadrón de la Muertes
Mientras enfrenta cargos como presunto líder del Escuadrón de la Muerte, el excomandante PNP Raúl Prado Ravines integra la lista de candidatos del partido Un Camino Diferente, organización del prófugo exalcalde de Trujillo Arturo Fernández. Según declaraciones de su abogado Humberto Abanto a Infobae, la elección de Prado Ravines como parlamentario podría forzar su salida de prisión.
En diálogo con Infobae, Humberto Abanto subrayó que su cliente permanece bajo prisión preventiva de 36 meses a raíz de un expediente vinculado al caso Escuadrón de la Muerte, aunque la condena inicial de 35 años de prisión por homicidio calificado fue anulada en septiembre por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Abanto precisó: “Todos los demás procesados están con mandato de comparecencia” y añadió que las restricciones hacia los implicados están por concluir, salvo para Prado Ravines y el suboficial brigadier en retiro Luis Alberto Mío Morocho. El abogado informó que se ha solicitado el cese de la medida para su defendido y aguarda la convocatoria judicial correspondiente.
La normativa electoral peruana permite que una persona privada de libertad bajo prisión preventiva sea candidata a un cargo público, al no existir una condena en firme contra ella. No obstante, una sentencia condenatoria en primera instancia sí constituye un impedimento automático, condición que actualmente no recae sobre Prado Ravines tras la anulación de su fallo condenatorio, según constató Infobae. Abanto reconoció que desconocía la postulación de su cliente, pero sostuvo que “la ley no se lo impide”.
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