Megaoperativo en el Callao: 27 allanamientos y 7 detenidos por “Los Socios del Callao”, banda criminal presuntamente liderada por Ciro Castillo

La madrugada de hoy, agentes de la Policía y representantes del Ministerio Público desplegaron un amplio operativo en el Callao, durante el cual incursionaron simultáneamente en veintisiete inmuebles relacionados con investigaciones sobre corrupción en la administración pública. El procedimiento apunta a la presunta existencia de una red criminal integrada por funcionarios y servidores públicos, señalando como presunto cabecilla al actual gobernador regional, Ciro Castillo. La intervención se realizó principalmente en viviendas y oficinas vinculadas a autoridades y empleados del Gobierno Regional del Callao, con el objetivo de reunir pruebas acerca de posibles delitos de colusión y direccionamiento de contrataciones estatales.

Las acciones coordinadas entre las fuerzas del orden derivaron en la detención preliminar de siete personas, todas bajo sospecha de integrar una organización criminal denominada “Los Socios del Callao”. De acuerdo con información de la Fiscalía, la red habría manipulado procedimientos de contratación pública durante el último año, ocasionando un perjuicio al Estado superior a un millón y medio de soles. El operativo, que contó con la presencia de equipos especializados y vehículos policiales, concentró la atención en la residencia de Castillo sin lograr ubicarlo en el lugar, aunque su orden de captura sigue vigente.

Acusaciones de corrupción y órdenes de detención

El expediente fiscal involucra al gobernador regional, Ciro Castillo Rojo, como supuesto líder de “Los Socios del Callao”, red que estaría conformada por empleados y exfuncionarios del gobierno regional. Las autoridades atribuyen a este grupo el fraccionamiento de contratos públicos, adjudicando servicios y compras por montos que no superan las ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), límite que exime a dichas contrataciones del proceso regular de licitación pública. Bajo esta modalidad, según la investigación, los implicados habrían favorecido de manera sistemática a determinados proveedores a través de la emisión de órdenes de compra directas.

Entre los detenidos figuran asesores clave y responsables de oficinas estratégicas, como Jimmy Alexander Boo Cárdenas, asesor del gobierno regional, y Hiromi Zuñiga Jauri, jefa de la oficina de logística, a quienes se señala de coordinar con otros empleados para beneficiar a empresas específicas. Además, la captura alcanzó a encargados de almacén, especialistas en adquisiciones y presuntos proveedores que habrían participado en la red. Las disposiciones judiciales autorizan hasta quince días de detención preliminar, mientras avanza la recopilación de pruebas y toma de declaraciones.

Fraccionamiento de contratos y perjuicio económico

La investigación detalla que durante el periodo comprendido entre 2023 y febrero de 2024, la red habría direccionado compras y contrataciones a través de mecanismos que eludían los controles normativos previstos para montos mayores. La emisión continua de órdenes de compra bajo límites permitidos por ley permitió movilizar cuantiosas sumas a favor de determinadas empresas, aumentando el daño patrimonial al Estado. El Ministerio Público estima que el perjuicio económico supera el millón y medio de soles, al sumar las adjudicaciones repetidas a lo largo del periodo investigado.

Especialistas en logística y responsables de adquisiciones del Gobierno Regional del Callao aparecen entre los principales sindicados. Según fuentes policiales, la coordinación entre distintas áreas facilitó la intervención de proveedores predeterminados, quienes recibieron órdenes de servicio sin participar en procesos competitivos abiertos. Entre las personas detenidas se encuentran encargados de almacén como César Edilberto Arango Waringa y coordinadores de contrataciones como Wilmer Meza Natividad.

Operativo en La Punta y despliegue policial

El megaoperativo se desarrolló en puntos estratégicos de la provincia constitucional del Callao. Uno de los lugares de mayor actividad fue el exterior de la vivienda del gobernador regional, ubicada en la zona residencial de La Punta. Numerosos vehículos oficiales de la Policía y la Fiscalía se desplegaron en la manzana principal, atrayendo la atención de vecinos y medios de comunicación. Equipos del Grupo GRECO y agentes de investigación criminal participaron en la diligencia, resguardando accesos y verificando movimientos en los domicilios allanados.

Durante la jornada, los agentes lograron ingresar al edificio donde reside Ciro Castillo, inspeccionando los ambientes en busca de documentación relevante y otros indicios relacionados con los delitos investigados. Pese al despliegue, el gobernador no fue ubicado en la vivienda, manteniéndose su paradero desconocido. Las diligencias, que continúan bajo la supervisión de la Fiscalía, buscan consolidar los elementos que permitan determinar el grado de responsabilidad de cada implicado.

Implicaciones políticas y antecedentes

El caso ocurre en un contexto marcado por anteriores denuncias y cuestionamientos sobre la gestión de Ciro Castillo al frente del Gobierno Regional. Reportes previos señalan presuntas irregularidades en asignaciones de personal y aumentos salariales dentro del despacho del gobernador. En la actualidad, la investigación fiscal amplía el espectro hacia presuntos delitos contra la administración pública, agregando nuevos involucrados y tipificaciones penales.

La repercusión del caso alcanza tanto a funcionarios en actividad como a proveedores recurrentes, dejando en evidencia problemas de control interno y transparencia dentro del aparato regional. La Fiscalía y la Policía continúan ejecutando las medidas adoptadas, mientras la opinión pública y los organismos de control siguen atentos al desarrollo del proceso judicial.