La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a 12 personas señaladas como parte de la organización criminal ‘Los Elegantes de Lima Este’, acusada de extorsionar a empresas de transporte formal e informal en esta zona de la capital.
Siete de los intervenidos manejaban credenciales que los identificaban como inspectores, hecho que generó confusión sobre su relación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
De acuerdo con la investigación, el grupo habría extorsionado a transportistas con amenazas de sanciones o envío de vehículos a depósitos, exigiendo dinero a cambio de evitar multas.
La operación policial incluyó varios allanamientos a viviendas y a oficinas municipales donde se decomisó alrededor de 102 mil soles en efectivo y evidencia de transferencias vía monederos virtuales como Yape.
Según informó el coronel Manuel Cruz Chamba, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, las detenciones se apoyaron en denuncias de dirigentes del sector, quienes describieron el modus operandi vinculado a supuestos inspectores que aprovechaban datos internos para exigir pagos indebidos desde el año 2024.
ATU desmiente vínculo laboral y cancela acreditaciones
Tras la difusión de la noticia y la posible implicancia de la ATU, la entidad emitió un comunicado oficial. El mensaje aclara que ninguno de los detenidos es trabajador ni inspector de la entidad, pues corresponden a personal municipal de la Municipalidad de Ate, designados bajo criterios exclusivos de esa jurisdicción.
La ATU precisó que tiene un convenio con el municipio para fortalecer la fiscalización del transporte, limitándose a capacitaciones y acreditaciones.
Tras desatarse el escándalo, la entidad canceló las acreditaciones de los intervenidos y recalcó que ya no podrán participar en operativos ni funciones de control en rutas urbanas.
El comunicado negó que se haya allanado alguna sede institucional de la ATU, señalando que las intervenciones solo afectaron viviendas particulares y locales municipales. Finalmente, ATU reiteró su rechazo a prácticas delictivas de extorsión en el sector y expresó su compromiso con un servicio transparente, seguro y libre de corrupción.
Placas de metal y chalecos antibalas
A raíz del aumento de delitos y extorsión en el transporte urbano, empresas como VIPUSA en Ancón han incrementado la seguridad en sus unidades, invirtiendo en cabinas cerradas y placas de metal para proteger a conductores y cobradores, además del uso obligatorio de chalecos antibalas.
Estas medidas, implementadas en aproximadamente el setenta por ciento de la flota, buscan reducir los riesgos a los que se enfrentan a diario quienes cubren rutas hacia el sur de Lima.
El proceso de blindaje incluye refuerzo con placas de acero en puertas y ventanas, modificando la rutina laboral e imponiendo mayor vigilancia durante los recorridos.
El costo de blindar cada bus supera los 3.000 soles, inversión asumida por la empresa sin trasladar ese gasto a los pasajeros, al menos por ahora.
La gerencia pide comprensión a las autoridades ante controles sobre el polarizado de lunas, justificando la necesidad de ajustarse al contexto de inseguridad y priorizar la integridad de los trabajadores.
Estas acciones han motivado que otras compañías de transporte urbano consideren replicar la fórmula del blindaje y barreras físicas, configurando un nuevo estándar de autoprotección ante la persistente amenaza del crimen en Lima y zonas cercanas.
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