El futbolista Patricio “Pato” Arce rompió su silencio desde el pabellón de máxima seguridad del penal Sarita Colonia, donde cumple una condena de 22 años de prisión por el asesinato del cobrador de combi Piero Javier Robles Gervasi.
En una entrevista con el programa Día D, el exjugador de Sporting Cristal, Sport Boys, Melgar y César Vallejo volvió a declararse inocente y aseguró que la Fiscalía “no presentó pruebas materiales que lo vinculen” con el crimen, más allá de la versión de un testigo protegido.
Desde el penal Sarita Colonia, Patricio Arce se defiende y afirma que la acusación fiscal no logró acreditarse con evidencias concretas. Según sostiene, “no existe” audio, video ni peritaje que pruebe que dio la orden de matar a Robles, y que toda imputación se apoya en el relato de un solo testigo, cuya identidad y motivaciones se mantienen en reserva.
“Yo no tengo por qué haber mandado matar a nadie ni quisiera quitarle la vida a nadie”, señala a Día D, antes de insistir en que “no le comprobaron nada” y pedir que “investiguen bien” el caso.
Su pabellón, el número 1 del establecimiento penitenciario, es el espacio donde se encuentran internos condenados por secuestro, robo agravado, homicidio, sicariato y otros delitos graves. Arce es actualmente uno más entre los considerados de “alta peligrosidad” por el INPE.
Su madre lo defiende
Su madre, Patricia Cambara, denunció que la Fiscalía se basa únicamente en el testimonio de esa persona protegida y cuestiona que no se hayan presentado registros audiovisuales ni otros medios probatorios que sustenten la supuesta venganza que se le atribuye a su hijo.
“La Fiscalía dice que ese muchacho estaba en ese carro. […] No tiene pruebas”, afirmó en la entrevista.
Su madre también mostró un contrato laboral del exfutbolista, con remuneraciones integrales cercanas a los 40.000 soles mensuales, para respaldar su versión de que Arce no necesitaba involucrarse en actividades delictivas: “Ese es su contrato. Él no necesita hacer nada malo”, sostuvo.
La tesis fiscal y la sombra de “Los Baturris”
El homicidio de Piero Javier Robles Gervasi ocurrió en agosto de 2021 en Callao. De acuerdo con la investigación fiscal, Robles trabajaba como cobrador de combi cuando fue atacado a balazos por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta.
Según esa versión, Omar Agurto Márquez se hizo pasar por pasajero para detener el vehículo en la intersección de las avenidas José Gálvez y Zarumilla. Una vez detenido el bus, habría disparado varias veces contra Robles y luego escapado en una moto conducida por Lender Lyr Torres Castro.
La Fiscalía planteó que el crimen habría sido una represalia vinculada a un ataque armado previo donde Arce resultó herido y un adolescente de 16 años murió. En ese marco, el Ministerio Público sostuvo que Robles habría estado involucrado en ese atentado y que Arce, presentado como presunto líder de una organización criminal vinculada al barrio de Atahualpa en La Perla Baja, ordenó su muerte como autor intelectual.
Durante el proceso, la acusación también intentó vincularlo a “Los Baturris”, grupo señalado por la Policía como una banda criminal de la zona. Sin embargo, la sala que lo condenó por homicidio declaró infundada la pertenencia a organización criminal tanto para Arce como para los otros dos sentenciados.
Pese a ello, el tribunal mantuvo la pena de 22 años al considerar acreditada su responsabilidad en el asesinato y ordenó el pago de S/ 50.000 por reparación civil.
“Mi error fue no salir del barrio”, admite Arce en la entrevista, al recordar que su vínculo con amigos de infancia, algunos relacionados a ese entorno, fue utilizado en su contra en la narrativa fiscal.
Quiénes son “Los Baturris de La Perla”
“Los Baturris de La Perla” son una organización criminal con un amplio historial delictivo y presencia en uno de los sectores más conflictivos del Callao. Han sido mencionados en múltiples investigaciones policiales por su presunta participación en cobros de cupos, extorsiones, sicariato y amenazas a comerciantes, operando bajo estructuras violentas y con uso recurrente de armas de fuego.
Su zona de dominio se ubica en La Perla Baja, especialmente en puntos estratégicos donde se han registrado balaceras, ataques a mano armada y presiones sistemáticas a transportistas y trabajadores. La Policía ha identificado patrones de actuación que incluyen el uso de motocicletas, vigilancia territorial y agresiones rápidas, lo que ha reforzado su reputación como uno de los grupos criminales más peligrosos de la zona.
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