La disposición alcanza a 12 distritos y 8 centros poblados de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco, zonas históricamente vinculadas a actividades subversivas y que forman parte de rutas estratégicas para el tránsito, vigilancia territorial y operaciones contra remanentes terroristas. La renovación del estado de emergencia se enmarca en la estrategia de seguridad del Ejecutivo para intervenir espacios donde persisten amenazas consideradas de alto riesgo.
Medida en zonas estratégicas
Además de los distritos y centros poblados mencionados, el decreto incorpora dos franjas territoriales clave para la seguridad y la infraestructura energética del país. La primera es el “Eje Energético del Gas de Camisea”, un corredor que involucra ocho kilómetros a cada lado del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural. Por tratarse de una infraestructura crítica, la norma establece presencia militar reforzada para prevenir actos de sabotaje o interferencias.
La segunda área incorporada es el “Corredor Operacional Fluvial–Terrestre del Ene”, que comprende ambas márgenes del río Ene. Esta zona, ubicada entre Junín y Cusco, ha sido históricamente considerada un punto vulnerable debido a las condiciones geográficas y al tránsito fluvial, por lo que su inclusión busca fortalecer el control operativo y reducir riesgos de incursiones hostiles.
Restricciones constitucionales
El estado de emergencia implica la restricción temporal de derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Estas limitaciones permiten que las fuerzas del orden actúen con mayor flexibilidad operativa en zonas donde se requiere intervención inmediata, patrullaje intensivo y acciones orientadas a desarticular amenazas internas.
El Gobierno señala que estas restricciones son necesarias para ejecutar medidas preventivas y operacionales frente a riesgos persistentes. La norma remarca que la intervención de las fuerzas militares se realizará sin suspensión total de garantías, pero bajo un marco que prioriza la seguridad ciudadana y la protección de la infraestructura nacional.
Rol de las Fuerzas Armadas
Durante los 60 días de vigencia de la prórroga, las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno, con apoyo permanente de la Policía Nacional. El decreto precisa que las acciones están dirigidas, principalmente, a enfrentar al grupo hostil de Sendero Luminoso y a responder a cualquier amenaza conexa que pueda presentarse en la zona.
El accionar militar deberá desarrollarse respetando el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, principios que guían las operaciones en contextos de emergencia. Asimismo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asumirá el Comando Unificado durante este periodo, y los resultados operativos serán informados al Ministerio de Defensa, el cual elevará los reportes finales a la Presidencia de la República y al Congreso.
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