El Ministerio de Energía y Minas (Minem) defendió la reciente emisión de bonos por más de 287 millones de dólares destinada a Petroperú, destinada a refinanciar deudas de la petrolera y asegurar el abastecimiento de combustible a nivel nacional. El titular del sector, Jorge Montero, calificó la operación como “un súper negocio con tremendos problemas de corto plazo” y enfatizó que no se trata de un salvataje ni de una inyección de “dinero fresco” del Estado.
El ministro explicó que la medida busca únicamente reperfilar la deuda de la empresa estatal, evitando la necesidad de un decreto de urgencia. “¿Dónde está el decreto de urgencia? No está (…) Se está reperfilando la deuda, que es otra cosa”, aseguró Montero, dejando en claro que el gobierno no planea destinar recursos adicionales del erario nacional para cubrir pérdidas operativas.
Ciclos de ganancias y pérdidas
La operación ha generado cuestionamientos debido a las pérdidas de Petroperú, que superaron los 700 millones de dólares en el último año. Montero defendió la situación, normalizando los resultados como parte de la dinámica propia de la industria.
“Los negocios petroleros tienen ciclos donde hay ciclos de ganancias, ciclos de ganancias extraordinarias, ciclos de pérdidas, eso es propio de los negocios”. Comparó la situación con otras industrias extractivas, como la minería, afirmando que “las industrias extractivas se comportan así”.
El ministro resaltó que la emisión de bonos no implica un salvataje financiero y que Petroperú mantiene un valor estratégico para el país. Según Montero, la medida permite asegurar la continuidad de operaciones sin comprometer fondos extraordinarios del Estado y evita el riesgo de desabastecimiento de combustible, un problema crítico para la economía y la ciudadanía.
Críticas del sector privado
La decisión del gobierno ha generado reacciones del sector privado, que cuestiona el uso de recursos y la gobernanza de la empresa. Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), calificó la medida como un “círculo vicioso que necesitamos parar” y sugirió que los casi 300 millones de dólares podrían destinarse a cerrar brechas sociales: “Podrían construirse kilómetros de carreteras, escuelas o postas médicas”, indicó en conversación con RPP.
Torreblanca también exigió mayor transparencia en la administración de Petroperú, pidiendo que la empresa se comporte “como cualquier otra empresa, sea privada o pública, con objetivos claros, con planes, un presupuesto que conozcamos”. Estas críticas reflejan la preocupación de los gremios empresariales sobre el impacto de la medida en el uso de recursos públicos y la eficiencia de la estatal.
Fiscalización desde el Congreso
El Congreso también se ha sumado a la discusión. El congresista Wilson Soto (Acción Popular) calificó la operación como “una falta de respeto a todos los peruanos” y ha solicitado la remoción del presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, por declaraciones contradictorias sobre la solicitud de recursos al Estado. Además, Soto envió un oficio al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, para que convoque a Narváez y al ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, a explicar la situación económica de la empresa y justificar la emisión de bonos.
El parlamentario señaló que la mejor alternativa para garantizar eficiencia y credibilidad es la privatización de Petroperú: “Ya no tiene mucha credibilidad”, advirtió. Soto añadió que, de no recibir respuestas satisfactorias, no descarta una futura moción de interpelación.
Transparencia y futuro de Petroperú
Mientras el Minem asegura que la operación es un mecanismo ordinario dentro de la dinámica de la empresa y de la industria, el sector privado y el Legislativo exigen claridad sobre el destino de los fondos y mejoras en la gobernanza de la estatal.
Montero defendió nuevamente la medida, subrayando que “esto no es un salvataje, es un súper negocio con tremendos problemas de corto plazo”, recordando que la emisión de bonos es una herramienta de reperfilamiento de deuda y no implica desembolsos adicionales del Estado.
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