Bajo el lema “Hasta que la justicia se haga costumbre”, los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000, así como durante los regímenes de Manuel Merino y Dina Boluarte, anunciaron una jornada de protesta para este jueves 18 de septiembre.
La movilización tendrá como punto de partida la sede central de la Defensoría del Pueblo (Jr. Ucayali N.° 394, Lima) a las 3:30 p.m., donde entregarán una carta al defensor Josué Gutiérrez. El documento rechaza la demanda de inconstitucionalidad que Gutiérrez presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) el pasado lunes, con el fin de obligar a jueces y juezas a aplicar la cuestionada Ley de Amnistía.
“Amnistía no es justicia, es impunidad para responsables de violaciones a los derechos humanos”, advirtieron los familiares y activistas en su convocatoria.
Camino hacia el Palacio de Justicia
Tras la entrega de la carta, los colectivos realizarán una caminata hacia el Palacio de Justicia, donde, a partir de las 5:00 p.m., sostendrán un plantón como parte de la vigilia que mantienen desde hace cinco semanas contra la Ley de Amnistía.
Los familiares alertan que, de declararse constitucional la norma, los jueces y fiscales quedarían impedidos de aplicar control difuso, lo que dejaría a las víctimas en una situación de absoluta indefensión.
Contradicciones en la Defensoría
La presentación de la demanda ha generado controversia, pues en abril pasado, durante el debate parlamentario, Carlos Fernández Millán, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría, saludó la iniciativa.
“En anteriores oportunidades, cuando se dieron leyes de amnistía luego de la lucha contra el terrorismo, la institución se opuso. Ahora han pasado muchos años y sabemos que resulta que esta situación se resuelva de una vez”, declaró entonces.
Pese a esta postura inicial, el actual petitorio del defensor sostiene que la Ley de Amnistía vulnera el derecho de igualdad, la verdad, la justicia, la reparación y la tutela jurisdiccional efectiva, además de contradecir la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Fallos judiciales y advertencias del TC
Hasta la fecha, tres jueces —Jorge Chávez Tamariz, Leodán Cristóbal Ayala y Richard Concepción Carhuancho— han inaplicado la Ley de Amnistía en procesos contra exmilitares, invocando control difuso.
No obstante, el magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse advirtió que, si el tribunal la declara constitucional, “los jueces tienen que aplicar la ley constitucionalizada”.
Posición del Ejecutivo
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, volvió a expresar su respaldo a la norma. “El Ministerio de Justicia está en la obligación de acatarla y defenderla”, señaló en una reciente entrevista, en la que anunció que se reunirá con procuradores para iniciar acciones legales contra jueces que se nieguen a aplicarla.
La Ley de Amnistía fue impulsada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha solicitado al Estado peruano abstenerse de aplicarla por contravenir estándares internacionales.
Antecedentes judiciales
En agosto, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró inaplicable la norma en el caso de exmilitares acusados de graves violaciones a los derechos humanos, señalando que resultaba “abiertamente inconstitucional” al contradecir la Convención Americana.
Los familiares de víctimas sostienen que esta sentencia, junto con las resoluciones de otros magistrados, evidencia que la Ley de Amnistía “solo busca blindar la impunidad” y debilitar el acceso a la justicia.
El pronunciamiento de los familiares concluye con un llamado a no ceder: “La impunidad no prosperará. La lucha por justicia continúa”.
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