Durante la madrugada del martes, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, ejecutó un operativo de seguridad en los 68 establecimientos penitenciarios del país. El despliegue incluyó la intervención de pabellones, celdas, patios, cocinas y otras áreas críticas, bajo estrictos protocolos de seguridad.
La acción permitió la incautación de decenas de celulares, chips, envoltorios tipo “ketes” con sustancias prohibidas y otros objetos ilícitos que permanecían ocultos en ambientes de los penales. Según el reporte preliminar, el operativo contó con la participación de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales del INPE y de agentes especializados de la PNP, quienes realizaron revisiones minuciosas en cada pabellón.
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, supervisó las diligencias en el Establecimiento Penitenciario Ancón I, destacando la importancia del trabajo articulado con la Policía y el Ministerio Público. “Al detectar a estos internos, no dudaremos en gestionar traslados a penales de mayor contención, incluso en provincias, con el fin de alejarlos de su entorno delictivo”, señaló.
Orden del ministro: reclasificación de internos
El titular del MINJUSDH, Juan José Santiváñez Antúnez, dispuso de manera inmediata que los internos detectados con celulares y objetos prohibidos durante el operativo sean reclasificados dentro del sistema penitenciario. La medida implica que los reclusos involucrados sean trasladados a establecimientos de máxima seguridad o de mayor control, con el objetivo de limitar sus comunicaciones y actividades.
El ministro enfatizó que la decisión se enmarca en la política de “cero tolerancia” frente a la corrupción y los delitos organizados desde las cárceles. Asimismo, instruyó al INPE a convocar de emergencia a las áreas competentes para ejecutar esta disposición en el menor tiempo posible.
En paralelo, Santiváñez ordenó también la reclasificación de los internos vinculados al motín registrado en el penal de Huacariz (Cajamarca), donde se reportaron actos de violencia en semanas anteriores.
Supervisión y lucha contra la corrupción
El viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Jesús Baldeón Vásquez, participó en las intervenciones, subrayando la importancia de la articulación institucional entre el Ministerio Público, la PNP y el INPE. Según indicó, estas acciones buscan detener a las organizaciones criminales que aún logran operar desde los penales a través de extorsiones, estafas telefónicas y coordinaciones ilícitas.
Por su parte, el titular del INPE, Iván Paredes, anunció que se ha intensificado el control en los penales con inspecciones diarias a las celdas, patios y zonas comunes. Además, informó que se ha dispuesto el cambio de directores regionales del INPE como parte de una estrategia de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción.
“Estamos comprometidos en recuperar la autoridad en los penales y frenar cualquier acto ilícito que ponga en riesgo la seguridad ciudadana. Todos los días realizamos inspecciones y no habrá tolerancia para quienes infrinjan las normas dentro de los establecimientos penitenciarios”, afirmó.
Resultados y medidas adicionales
El megaoperativo arrojó como resultado la incautación de celulares, chips y drogas de distinto tipo, artículos que son utilizados por internos para mantener contacto con el exterior y, en muchos casos, coordinar extorsiones y otros delitos. La PNP y el Ministerio Público ya se encuentran evaluando la información de los dispositivos incautados para identificar redes criminales y ampliar las investigaciones.
Asimismo, las autoridades anunciaron que se fortalecerá la política institucional de “Seguridad en Acción”, que incluye:
- Incremento de revisiones sorpresivas en los penales.
- Traslados periódicos de internos considerados de alta peligrosidad.
- Refuerzo del control de ingreso de visitantes y personal.
- Supervisión constante de las comunicaciones y actividades de los internos reclasificados.
El INPE también señaló que las intervenciones contarán con un sistema de rotación de personal penitenciario para evitar que se establezcan vínculos de corrupción o tolerancia hacia los actos ilícitos.
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