Mientras extorsiones y atentados se multiplican en Trujillo, 80 motocicletas por S/ 2,8 millones siguen sin usarse por trámites pendientes

La violencia se agudiza en Trujillo, una de las ciudades más golpeadas por la criminalidad en el país. El último atentado con dinamita ocurrido en la avenida Perú dejó más de 25 viviendas dañadas y una decena de heridos, generando alarma entre la población que convive diariamente con las extorsiones, un delito que se incrementó en 28% durante este año. En paralelo, las autoridades buscan respuestas ante la inseguridad, pero las medidas implementadas no logran frenar la ola delictiva.

Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial, 80 motocicletas adquiridas para reforzar el patrullaje permanecen sin ser entregadas a la Policía Nacional. Las unidades, valorizadas en más de S/ 2,8 millones, están almacenadas desde julio y no han sido destinadas a las calles por falta de placas y documentación. La demora ha desatado cuestionamientos a la gestión regional en medio de la crisis de seguridad.

Explosión que remeció Trujillo

El 14 de agosto, un potente artefacto explotó en la cuadra 8 de la avenida Perú, en la provincia de Trujillo. El estallido afectó viviendas, negocios y vehículos, dejando pérdidas considerables. Entre los locales más impactados estuvo un consultorio odontológico que reportó daños superiores a los S/ 300,000. La Fiscalía informó que cerca de 90 predios resultaron afectados.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que la acción criminal estaría vinculada a disputas entre bandas dedicadas a la extorsión. Según información preliminar, la organización conocida como “Los Pepes” se habría atribuido el ataque. Hasta el momento, la Policía detuvo a un taxista acusado de movilizar a los responsables del atentado, mientras las investigaciones continúan.

Extorsiones en aumento

Las cifras oficiales muestran que los casos de extorsión en Trujillo y otras zonas de La Libertad crecieron en 28% entre enero y julio de 2025, en comparación al mismo periodo del año pasado. Comerciantes, transportistas y pequeños empresarios se mantienen bajo amenaza constante de las bandas, que recurren a la violencia para exigir pagos.

La explosión registrada en la avenida Perú es vista como parte de esta escalada, que busca marcar territorio entre grupos rivales. Las autoridades han reconocido que Trujillo se ha convertido en una de las ciudades con mayor incidencia de este delito en el país, lo que refuerza la preocupación ciudadana por la falta de resultados efectivos frente al crimen organizado.

Motocicletas paralizadas en almacenes

En medio de este panorama, un lote de 80 motocicletas adquiridas para fortalecer el patrullaje urbano permanece sin uso en un almacén de la región. Las unidades, que fueron cedidas a la Policía Nacional por acuerdo regional el 18 de julio, están cubiertas con plásticos y polvo, a la espera de culminar el proceso de formalización de documentos.

El gobernador regional César Acuña reconoció la demora, pero sostuvo que no puede entregar los vehículos sin las placas correspondientes, trámite que depende de entidades públicas. Aseguró que su administración ya avanzó en los procedimientos y reiteró que la seguridad ciudadana recae en la Policía. Sin embargo, la explicación no ha calmado las críticas de autoridades locales ni de la población que exige respuestas inmediatas.

Reclamos y cuestionamientos políticos

El consejero regional Robert de la Cruz cuestionó que la entrega de las motocicletas se mantenga postergada pese a la gravedad de la situación. Según afirmó, la falta de celeridad en la gestión demuestra negligencia y ausencia de compromiso real para enfrentar la criminalidad en la región.

Los vehículos representan una inversión superior a los S/ 2,8 millones y fueron anunciados como parte de un plan para reforzar la presencia policial en las calles. A pesar de ello, continúan almacenados en momentos en que la población de Trujillo demanda mayor seguridad. Desde el Ejecutivo central se anunció apoyo económico para los afectados por la explosión, pero las críticas apuntan también a la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.