Expresidenta de la CIDH: “Dina Boluarte pasará a la historia por haber llevado al Perú a una carencia ética y de principios”

La excomisionada Julissa Mantilla advirtió que el intento del Gobierno de salir del sistema interamericano es inviable y busca favorecer la impunidad. También cuestionó al ministro de Justicia, Juan Alcántara

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Julissa Mantilla explicó que retirarse
Julissa Mantilla explicó que retirarse del sistema interamericano requiere un proceso formal que toma al menos un año y no es viable durante el actual Gobierno si se actúa de buena fe

La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, advirtió este domingo que una eventual salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no solo es inviable durante el actual Gobierno, sino que responde a una estrategia de populismo político.

En entrevista con el portal de investigación OjoPúblico, Mantilla sostuvo que el intento de desligarse del sistema interamericano no tiene sustento legal ni ético, y busca proteger una alianza entre el Ejecutivo y el Congreso.

“Dina Boluarte va a pasar a la historia por haber llevado a este país a una carencia moral, ética y de principios”, sentenció la excomisionada, al referirse a la crisis institucional que enfrenta el Perú y la responsabilidad del Gobierno en las recientes violaciones de derechos humanos.

La letrada explicó que, si un Estado desea salir de la Corte IDH, debe denunciar formalmente la Convención Americana ante la OEA. Aun así, el proceso tarda un año y no exime a la CIDH de seguir ejerciendo su competencia sobre el país.

La propuesta de abandonar la
La propuesta de abandonar la Corte responde a una estrategia populista del Ejecutivo y el Congreso para legitimar una ley de amnistía, según Mantilla

“No creo que sea viable si se cumple, como debería ser, con la buena fe”, afirmó. Calificó el intento de retiro como “una reforma hecha para la tribuna”, motivada por la reacción del Gobierno frente a la sentencia de la Corte que rechaza una ley de amnistía favorable a militares y policías implicados en violaciones de derechos humanos.

“La Corte no existe en contra de los Estados, existe a favor de las víctimas”, recordó antes de cuestionar que el Congreso busque culpar al sistema interamericano por intervenir en decisiones soberanas. A su juicio, esa narrativa imita a los discursos de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua.

Sobre el impacto del sistema interamericano, pese al incumplimiento de sentencias, la excomisionada señaló que las audiencias y medidas provisionales sí generan efectos. “Quizás el Estado no hace caso en el sentido de no querer ejecutar las sentencias, pero todo lo que tiene que ver con las medidas provisionales, el tener que ir y pararse ante el tribunal, eso sí tiene un impacto”, afirmó.

Criticó además la falta de coherencia del Estado peruano al promover candidaturas ante la CIDH, mientras desde el Ejecutivo se lanza un discurso hostil contra el mismo sistema. “No hay coherencia, hay ignorancia y mucho intento de manipular políticamente”, dijo.

También increpó al ministro de Justicia, Juan Alcántara, por desconocer que la Corte puede pronunciarse sin agotar recursos internos cuando supervisa sentencias previas, como las de Barrios Altos y La Cantuta. “Con todo respeto, pero con mucha claridad, yo no sé si es mayor la ignorancia o el descaro”, dijo.

Dina Boluarte promulgó la ley
Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía para policías y militares implicados en delitos durante el conflicto armado interno

Finalmente, Mantilla subrayó que lo que existe en el país es un pacto político “contra la institucionalidad” y “a favor de la impunidad”. Según afirmó, “la responsabilidad en las masacres recientes de Ayacucho y Juliaca no es solamente de los mandos, sino de quien fue ministra de Defensa y presidenta del país: Dina Boluarte”.

Desacato

La jefa de Estado promulgó este miércoles la amnistía para policías y militares que estén procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en desacato a la Corte IDH, que había solicitado suspender el trámite de esta ley.

Boluarte ya había anticipado que promulgaría la amnistía aprobada por el Congreso a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras que sostienen su Gobierno, la mayoría de derechas y con varios militares y policías retirados en sus filas, al considerar que las indicaciones de la Corte van en contra de la soberanía nacional, pese a que el país aceptó adherirse a su jurisdicción cuando suscribió el Pacto de San José.

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