El 22 de julio, en una zona de la Playa Arquillo, la cámara de un guardaparques captó una escena que luego se convertiría en prueba clave dentro de una audiencia penal. Un pequeño lobo marino, enredado entre redes de pesca, intentaba librarse como podía del encierro. Sin embargo, la tripulación de una embarcación optó por la agresión. Golpes secos, objetos contundentes, gritos, un cuerpo inerte lanzado al mar.
Las imágenes registradas por el trabajador del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) revelaron los hechos sin espacio para la duda. La filmación fue entregada a la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Pisco, que desde su Primer Despacho inició diligencias contra seis pescadores. La fiscal adjunta Rocío Aréstegui Ventura lideró las investigaciones desde el 23 de julio, en representación del Estado peruano y con el respaldo del Ministerio del Ambiente.
La agresión no solo afectó a un animal. El lobo marino pertenece a una especie protegida dentro de una reserva reconocida por su biodiversidad marina. Su maltrato no quedó impune. La fiscalía consiguió que se dicte una medida ejemplar contra uno de los implicados: Alejandro Villa Almeida fue sentenciado a seis meses de prisión efectiva, inhabilitado de manera definitiva para tener animales y obligado a pagar una multa y una reparación civil.
Una condena con fundamento legal
Los agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron a los seis pescadores, apenas desembarcaron. La fiscalía los identificó como Miguel Aburto, Walter Becerra, Junior Saravia, Alejandro Villa, Christian Becerra y Franklin Arguello. Todos fueron incluidos en la investigación preliminar por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de actos de crueldad contra animales silvestres, en agravio del Estado peruano.
El castigo judicial dictado contra Villa fue sustentado en la evidencia fílmica, la normativa ambiental vigente y la obligación del Estado de proteger su biodiversidad. La agresión se realizó en una zona protegida, durante una actividad económica que debe cumplir con principios básicos de respeto a la fauna marina.
La legislación peruana incluye instrumentos específicos que amparan a especies amenazadas o en riesgo. En el caso de los lobos marinos, la Resolución Ministerial Nº 103-76-PE prohíbe su caza, sin hacer distinción entre especies. Este marco legal, junto con otros dispositivos como la Ley Nº 26585 (para cetáceos menores), ofrece respaldo a los procesos fiscales en delitos contra animales silvestres.
De acuerdo con la sentencia, Alejandro Villa Almeida no solo deberá cumplir seis meses de reclusión en un penal. También debe abonar 500 soles por concepto de días multa, además de una reparación civil de 1000 soles a favor del Ministerio del Ambiente. Entre las reglas de conducta impuestas se encuentra la inhabilitación absoluta y definitiva para la tenencia de animales.
El alcance penal y las especies protegidas
En el Perú, los delitos contra la fauna silvestre se enmarcan dentro del Código Penal y se agravan cuando los actos ocurren en reservas naturales. El artículo referido al maltrato animal considera como delito cualquier forma de crueldad, abandono o daño que cause sufrimiento o muerte, en especial cuando se trata de animales bajo protección legal.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) recordó, tras la difusión del caso, que los lobos marinos forman parte de un grupo de especies cuya tenencia, comercialización, captura o exterminio está terminantemente prohibida. Este grupo incluye también al caballito de mar, delfines, ballenas, tortugas marinas, mantarrayas gigantes, tiburones ballena, peces sierra y especies de marlín y pez vela, según diversas resoluciones ministeriales.
La Reserva Nacional de Paracas, en el departamento de Ica, se extiende por más de 335 mil hectáreas y alberga numerosas especies de flora y fauna. Sus áreas costeras son frecuentadas por lobos marinos, pingüinos de Humboldt y diversas aves migratorias. Playa Arquillo, en particular, es un punto clave para la alimentación y reproducción de los lobos marinos finos, lo que convierte este caso en un asunto de mayor gravedad ecológica.
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