En un gesto inusual de consenso, la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú) y la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) difundieron un pronunciamiento conjunto este 27 de julio, en la víspera del Mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte. Ambas organizaciones llaman a priorizar una “agenda de unidad para el desarrollo del país” en un contexto de creciente crisis política, inseguridad ciudadana y expansión de economías ilegales. La iniciativa busca marcar un punto de inflexión en el debate público y posicionar una hoja de ruta estructural que atienda los problemas más urgentes del Perú.
El documento, firmado por ambas instituciones, interpela directamente a los poderes del Estado y a los candidatos presidenciales de cara a los comicios de 2026. La CGTP y la Confiep coinciden en que el país atraviesa una parálisis peligrosa producto de la falta de acuerdos mínimos sobre temas centrales como el empleo formal, la infraestructura básica, la salud pública y la educación estatal. Sin una respuesta articulada, advierten, el Perú seguirá expuesto a una mayor inestabilidad social y económica.
Llamado a recuperar el control frente al crimen organizado
Uno de los puntos centrales del comunicado es la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales, que, según advierten, están socavando la democracia y el orden público. “La inseguridad y la expansión de las economías ilegales deben ser enfrentadas con decisión. El crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción amenazan la vida de los ciudadanos y socavan la democracia”, se lee en el texto.
Ambas organizaciones coinciden en que el Estado tiene un rol clave que cumplir en este contexto. “El Estado tiene el deber impostergable de recuperar el control territorial y fortalecer su capacidad operativa y de gestión”, añaden, en un mensaje dirigido directamente al Gobierno y sus instituciones.
La informalidad laboral, que afecta a más del 70 % de la población económicamente activa en el país, es otro eje que el comunicado coloca en el centro del debate. “La informalidad laboral afecta a millones de trabajadores que carecen de derechos y protección”, advierten. Para ello, piden implementar políticas públicas orientadas a fomentar el empleo decente y a promover la inclusión productiva, con especial énfasis en las micro y pequeñas empresas.
Brechas en salud, educación y servicios básicos
El documento también pone énfasis en la urgente necesidad de cerrar brechas sociales en infraestructura, salud y educación. “Millones de peruanos aún no tienen acceso a servicios esenciales como agua potable, saneamiento, transporte digno y conectividad digital. Sin servicios modernos y funcionales, el desarrollo sostenible es inviable”.
Sobre el sistema de salud pública, el comunicado advierte que urge una mayor inversión y una gestión libre de corrupción. “Es necesaria una mayor inversión en infraestructura hospitalaria, el abastecimiento oportuno de insumos y el fortalecimiento del personal de salud”, detallan. Y con respecto a EsSalud, subrayan: “EsSalud debe contar con una gobernanza libre de injerencia política y con mecanismos eficaces para erradicar la corrupción, única vía para garantizar un servicio de calidad acorde con los aportes de sus asegurados”.
En materia educativa, proponen una transformación profunda que articule la formación con las necesidades productivas del país: “Es vital mejorar la infraestructura educativa, elevar la calidad de la formación docente y articular la educación con las necesidades del mercado laboral”,.
El cierre del documento incluye un llamado directo a todos los sectores del país. “Trabajadores y empresarios coincidimos en una verdad esencial: el Perú no puede continuar paralizado por la ausencia de una agenda común. El desarrollo exige consensos amplios, responsabilidad compartida y una visión de futuro”.
Las entidades concluyen con una exhortación directa: “Hacemos un llamado a todos los actores políticos, empresariales, sociales y ciudadanos a construir una visión compartida del Perú y una agenda común, que permita un futuro mejor para todas y todos”.
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