Fiscalía cita para este viernes 18 de julio al exministro español José Luis Ábalos por apropiación de inmueble en Perú

La Fiscalía abrió una investigación penal contra el exministro español José Luis Ábalos por presuntamente apropiarse de un inmueble en Chimbote, al norte de Perú, financiado con fondos públicos destinados originalmente a proyectos benéficos. Ábalos, actualmente imputado en su país de origen por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de corrupción, deberá responder ante la justicia peruana por los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal, conductas que, de confirmarse, podrían acarrear penas de hasta seis años de prisión.

La resolución judicial, a la que accedió El Debate, fue emitida por la fiscal Angélica Benites Molina, perteneciente al Segundo Despacho de Decisión Temprana de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote. En el documento, se cita al exministro y a su colaboradora en Perú, Jenifer Balta Cueva, a declarar como imputados este viernes 18 de julio. Según el Ministerio Público, existen indicios de que Ábalos y Balta simularon actos legales para justificar la posesión del inmueble a su nombre, pese a que el edificio había sido financiado con fondos provenientes de la cooperación internacional española y estaba destinado al beneficio de trabajadores marítimos y portuarios de Chimbote.

La investigación tiene como punto de partida la denuncia presentada en 2023 por el presidente de la Asociación de Vivienda de Trabajadores Marítimos y Portuarios de Chimbote Miguel Grau, quien acusó a Ábalos y Balta de simular una compraventa y proceder al cambio irregular de titularidad de la sede de la asociación. El inmueble en cuestión fue construido con una subvención total de 150.000 euros gestionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación de Valencia, el Fons Valencià per la Solidaritat y municipios españoles entonces gobernados por el PSOE. El dinero fue canalizado a través de la ONG Fiadelso, fundada por Ábalos y actualmente bajo investigación de la Guardia Civil en España.

La Fiscalía peruana considera que existen elementos de “causa probable de ilicitud penal” en la conducta del exministro, quien en un acto notarial realizado el 28 de mayo de 2019 en el Consulado de Perú en Madrid se identificó como propietario del inmueble y otorgó poderes de gestión a Balta. En esa ocasión, Ábalos ocultó su cargo de ministro, declarándose simplemente “profesor” ante la cónsul Lucía Carolina Cáceres Ramírez. La investigación apunta a que la simulación de la compraventa habría inducido a error tanto a las autoridades judiciales como al Ministerio Público de Perú sobre la legítima posesión del edificio.

El inmueble, según información oficial, cuenta con una superficie de 900 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y figuró en registros peruanos a nombre de Ábalos y del empresario Manuel Valls Ferrer, ya fallecido. Durante largo tiempo, el edificio estuvo ocupado por los beneficiarios originales, quienes fueron desalojados tras acciones judiciales impulsadas por Balta bajo el poder otorgado por Ábalos. Pese a que la Fiscalía pidió el archivo del caso en favor de los moradores, el juez decidió procesar a dos de los ocupantes y la asociación perdió su sede. Posteriormente, se intentó vender el inmueble por 1,2 millones de euros, aunque la operación no se llegó a concretar. Además, Ábalos nunca declaró la propiedad en sus reportes patrimoniales ante el Congreso español.

Uno de los hechos bajo escrutinio es que la escritura de compraventa original, firmada por Ábalos el 19 de julio de 1998 en la notaría de Bernabé Zúñiga Quiroz, fue realizada usando un documento de identidad español, el cual no tiene validez legal en Perú. Este detalle, según fuentes del caso, pudo haber servido para evitar una trazabilidad fiscal del movimiento, ya que Ábalos ingresó como turista.

El exministro justificó en su momento que puso la propiedad a su nombre para “agilizar trámites” y aseguró haber firmado un compromiso de donación al concluir la obra, compromiso que nunca se materializó. Para la Fiscalía, este incumplimiento es clave en la investigación por posible dolo en la apropiación del bien financiado con fondos públicos.

De no presentarse a la citación de este viernes 18 de julio, a las 09:00 horas, el Ministerio Público peruano advirtió que recurrirá a la Policía para garantizar la comparecencia de Ábalos. La causa involucra además investigaciones paralelas en España, lo que agrava la situación judicial del exministro, ahora señalado no solo en su país, sino también en el extranjero, por la presunta apropiación indebida de recursos destinados a proyectos sociales.