MINEM: el Estado fracasa en la remediación del Coralaque y encarga uno de los pasivos mineros más dolorosos del Perú al sector privado

El Estado peruano ha reconocido su incapacidad para remediar uno de los pasivos ambientales mineros más graves del país y ha decidido transferir la responsabilidad de los trabajos de limpieza y estudios técnicos en el río Coralaque al sector privado, específicamente a la empresa Southern Perú.

Esta decisión, anunciada por el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, durante la XVI sesión de la mesa de diálogo sobre la problemática ambiental en la cuenca del río Coralaque, marca un giro en la gestión de la contaminación minera en la región de Moquegua.

Southern Perú asume remediación ambiental en el río Coralaque tras salida de AMSAC

El río Coralaque, ubicado en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, ha sufrido una contaminación persistente atribuida a la unidad minera Florencia-Tucari, operada por la empresa Aruntani S.A.C.. En diciembre pasado, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó acciones inmediatas para su cierre definitivo, según la Resolución Ministerial Nº 458-2024-MINEM/DM. La contaminación de la cuenca del Coralaque ha generado preocupación en las comunidades locales y ha motivado la intervención de diversas autoridades y organizaciones.

La empresa estatal Activos Mineros S.A.C. (AMSAC), bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), tenía la responsabilidad de ejecutar las labores de remediación en la zona. AMSAC, similar en naturaleza a empresas públicas como Sedapal o el Banco de la Nación, se encarga de limpiar relaves y gestionar pasivos ambientales mineros de alto riesgo para la salud y el ambiente.

Sin embargo, desde noviembre, cuando Jorge Montero asumió el cargo de ministro, la gestión de AMSAC en el río Coralaque no mostró avances significativos, a pesar de las reiteradas advertencias de la población local para no firmar contratos con esta empresa. La falta de resultados llevó a la ruptura de la relación contractual entre el Estado y AMSAC, y ahora el MINEM se ha decantado por una minera con problemas de conflictividad social en el sur.

El mea culpa del ministro Montero: la remediación del Coralaque

Durante la sesión de la mesa de diálogo, en la que participaron la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, alcaldes provinciales, representantes de la sociedad civil y el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Juan del Carmen Haro Muñoz, el ministro Montero reconoció públicamente la ineficacia estatal y anunció la transferencia de la responsabilidad a Southern Perú.

Según Montero, el MINEM ha iniciado coordinaciones con esta empresa privada para que elabore los estudios técnicos definitivos de la planta de tratamiento del río Coralaque, así como para separar aguas de no contacto y remover los lodos acumulados en el cauce. Estos trabajos comenzarían en julio, según lo declarado por el ministro.

La decisión de involucrar a Southern Perú, empresa que también gestiona el polémico proyecto Tía María, ha generado controversia y suspicacias entre algunos sectores de la sociedad civil y autoridades regionales. Durante la sesión, la consejera regional Gabriela Andrade insinuó la posibilidad de un acuerdo poco transparente entre el MINEM y Southern Perú.

“Usted está hablando de algo que no tiene pruebas, yo no acepto ese tipo de cosas, yo soy una persona honesta y trabajadora, yo no hago ese tipo de cosas, nadie me ha pedido nada, no hay ninguna conversación”, destacó Montero, según recaba Prensa Regional.

Polémica por traspaso de remediación ambiental a Southern Perú

En la misma jornada, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto presentó una propuesta para el tratamiento de las aguas contaminadas provenientes de la unidad minera Florencia-Tucari, que incluye la intervención en las quebradas Apostoloni, Tucari y los remanentes del botadero minero. Se acordó establecer reuniones técnicas entre el Gobierno Regional y los municipios provinciales para coordinar acciones conjuntas, con la participación de la empresa Aruntani.

Entre los acuerdos alcanzados en la XVI sesión de la mesa de diálogo, destaca la suspensión de la mesa hasta el 17 de julio, fecha en la que los equipos técnicos deberán evaluar y validar propuestas técnicas y legales sobre la mitigación de la contaminación. Además, la PCM se comprometió a gestionar la emisión de un acto resolutivo que garantice la continuidad de la mesa de diálogo y a declarar el estado de emergencia por contaminación hídrica en los distritos de Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal Calacoa y Torata, sumándolos al Decreto Supremo N.° 077-2024-PCM.