Una iniciativa actualmente en evaluación por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso plantea modificar el artículo 49 de la Ley General de la Persona con Discapacidad. El objetivo es que los empleadores del sector público y privado puedan cubrir la cuota laboral obligatoria incluyendo a un integrante del hogar de una persona con discapacidad en situación de pobreza. La condición sería que dicho hogar esté registrado en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).
La autora del proyecto es la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, quien sostiene que esta medida permitiría generar un ingreso económico para las familias más vulnerables, sin dejar desprotegida a la persona con discapacidad severa que requiere cuidados continuos.
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Actualmente, la ley establece que las entidades públicas deben emplear personas con discapacidad en al menos el 5% de su personal, mientras que las empresas privadas con más de 50 trabajadores deben cumplir con una cuota del 3%. La nueva redacción del artículo permitiría que, en lugar de contratar directamente a una persona con discapacidad, se pueda contratar a un familiar, si este cumple los criterios socioeconómicos del SISFOH.
El documento legislativo indica que en los casos de discapacidad severa, donde la persona no puede acceder al mercado laboral, su familia asume el rol de cuidador principal. Por eso, se plantea que un integrante del hogar pueda ser contratado en su lugar, cubriendo así la cuota de empleo.
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Sin embargo, este cambio no precisa que se creará una nueva cuota paralela, por lo que modificaría la actual. Esto permitiría a una empresa u entidad pública cumplir su obligación legal sin incorporar directamente a una persona con discapacidad. La norma ha generado críticas por su potencial impacto en los mecanismos de inclusión existentes, según alertan especialistas en el área legal.
Alertan riesgos de exclusión a las personas con discapacidad
El abogado laboralista Germán Lora expresó a Infobae Perú sus reparos sobre la norma. A su juicio, permitir que una empresa o entidad contrate al familiar en lugar de la persona con discapacidad “despista” el objetivo principal de la norma. “La ley busca que las personas con discapacidad entren al mercado laboral, pero lo que estaría haciendo esta propuesta es incorporar a gente que no tiene discapacidad”, dijo.
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Según Lora, la finalidad de la propuesta es correcta, aclaró. Sin embargo, “desvirtúa la política de inclusión”, ya que las empresas optarían por contratar a un familiar.
También alertó que el proyecto podría terminar excluyendo a personas con discapacidad que no estén registradas en el SISFOH o que no vivan en pobreza. “Si se quiere apoyar a una inclusión real, no debería haber esta diferenciación que solo aplica a personas en situaciones precarias”, precisó. La propuesta sería un apoyo indirecto a la economía familiar de las personas con discapacidad, pero obstaculiza la inserción laboral de los 3 millones de ciudadanos que viven con esta condición, según el último censo nacional.
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Retos de cumplimiento y aplicación
El proyecto legislativo también se fundamenta en la baja ejecución de la cuota de empleo. Sin embargo, para el abogado, el problema va más allá, incluso con la ley existente. “La norma vigente tiene fallas de diseño y debe revisarse. Está hecha sin revisar la situación en Perú sobre la cantidad de personas con discapacidad que tienen estudios técnicos, profesionales o experiencia laboral para cubrir ciertos puestos”, comentó.
También señaló que la ley actual no obliga de forma estricta a contratar. “En la práctica, no hay un mandato directo. Lo que se hace es fomentar la participación en procesos de contratación”.
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Desde su punto de vista, lo que falta es una política de capacitación efectiva. “El Estado debería apostar por educar y preparar a las personas con discapacidad para que puedan competir y acceder a empleos reales. No crear un atajo que desplace sus oportunidades”.
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