En una nueva arremetida contra el crimen organizado, la Policía Nacional del Perú desarticuló dos grupos criminales implicados en extorsiones a conductores del transporte público en Lima Metropolitana. Uno de ellos exigía pagos semanales a una asociación de choferes de combis en San Martín de Porres, mientras que el otro habría atacado con armas de fuego una unidad de pasajeros en Santa Anita.
Las acciones se llevaron a cabo en menos de 24 horas y forman parte de una jornada intensa de operativos policiales que, según reportes oficiales, dejó más de 850 personas detenidas a nivel nacional. Entre los capturados figuran ciudadanos peruanos y extranjeros vinculados a diferentes redes delictivas, varias de las cuales mantenían conexiones con organizaciones criminales transnacionales.
Dos detenidos en San Martín de Porres
La División de Investigación de Robos de la Dirincri logró identificar y detener a dos presuntos miembros de la banda “Los Indeseables del Mal”, en un operativo realizado en el distrito de San Martín de Porres. Los agentes capturaron a Jesús Leyva Flores, de 32 años, y a Orfa Tapayuri Pacaya, de 33, quienes habrían sido los encargados de recolectar pagos extorsivos a una asociación de transportistas que cubre la ruta entre Pro y Dos de Mayo.
De acuerdo con la investigación policial, los implicados exigían sumas de hasta 70 soles por semana a los conductores, bajo amenazas constantes. Los cobros se realizaban en efectivo y eran enviados a su presunto cabecilla, conocido en el mundo del hampa como “Timothy”. Al momento de su intervención, los detenidos tenían en su poder teléfonos móviles, libretas con anotaciones de las víctimas, boletos de transporte y más de 600 soles en billetes.
Caen siete extranjeros en Ate
En paralelo, otro grupo de agentes ejecutó un operativo en la avenida 26 de Mayo, en el distrito de Ate, donde se intervino a siete ciudadanos extranjeros vinculados con la banda “Los Diablos Jr.”, considerada una facción de la organización criminal internacional D.E.S.A. Este grupo estaría relacionado con el atentado a tiros contra un bus de transporte público ocurrido una semana atrás en Santa Anita.
Los intervenidos fueron identificados como Wladimir Gonzáles Arismendi (27), Yeniel Oviedo Mendoza (28), Jhoan Caruci Navas (27), Ernesto Salazar Gómez (29), Deivis Padrón Picón (22), Yhoan Escalona Sira (23) y Davmar Rivero García (30). Durante la operación se incautaron tres armas de fuego, dos cacerinas, proyectiles, tres explosivos de fabricación artesanal, más de 800 envoltorios con estupefacientes, cinco motocicletas y una carta con una amenaza directa firmada por D.E.S.A.
Red internacional bajo la lupa
La presencia de elementos como armamento, explosivos y una misiva con número de contacto confirma, según la PNP, que esta banda no actuaba de manera aislada. Las autoridades presumen que “Los Diablos Jr.” obedecían órdenes de una estructura criminal con operaciones en varios países sudamericanos. La carta incautada incluía un mensaje intimidatorio y exigencias económicas, lo que refuerza la hipótesis de su participación en extorsiones violentas.
Los efectivos no descartan que los capturados hayan sido responsables de otros ataques similares en distintas zonas de Lima. En algunos casos, las amenazas incluían daños a las unidades de transporte o agresiones físicas a los conductores, si estos se negaban a pagar los montos exigidos. El material incautado será analizado para establecer conexiones con otros actos delictivos.
Megaoperativo deja 51 bandas desarticuladas
Las detenciones forman parte de una ofensiva más amplia que la Policía desplegó en todo el país. De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio del Interior, en solo un día se ejecutaron 3 mil 184 intervenciones policiales. Estas acciones permitieron neutralizar 51 organizaciones criminales y detener a 853 personas por delitos como extorsión, tenencia ilegal de armas, narcotráfico y robo agravado.
Del total de detenidos, 180 estaban requisitoriados por la justicia peruana. Las autoridades han destacado que este tipo de operativos buscan reducir el avance de mafias que afectan a sectores vulnerables, como el transporte público, mediante amenazas, ataques armados o cobros ilegales. Las investigaciones en torno a los casos de San Martín de Porres y Ate continúan en curso, mientras los implicados enfrentan cargos por asociación ilícita, extorsión agravada y otros delitos conexos.
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