Congresistas insisten en tener el control del Ministerio Público con proyectos de ley para declararlo en emergencia

En plena tensión política e institucional en el Ministerio Público, el Congreso de la República acumula ya siete proyectos de ley orientados a declarar en emergencia esta entidad autónoma y cesar a su actual cúpula. El más reciente, presentado el 17 de junio por el congresista Américo Gonza (Perú Libre), propone una reforma constitucional que implicaría la destitución total de los fiscales supremos —titulares, provisionales y adjuntos— y la creación de una Junta Transitoria que reemplace temporalmente a la actual dirigencia.

La propuesta de Gonza, respaldada por otros congresistas de Perú Libre como Waldemar Cerrón, María Agüero, Flavio Cruz y Segundo Montalvo, forma parte de una ofensiva legislativa que ya suma siete proyectos en el actual periodo parlamentario para reorganizar o intervenir el Ministerio Público.

Este nuevo proyecto, titulado “Ley de Reforma Constitucional que declara la reorganización del Ministerio Público”, busca declarar en emergencia la institución por un plazo inicial de seis meses. En ese tiempo, según el documento, se cesaría al fiscal de la Nación en funciones —Delia Espinoza— y a toda la Junta de Fiscales Supremos.

Junta Transitoria con poder total

Durante la declaratoria de emergencia, se instalaría una “Junta Transitoria de Fiscales Supremos”, cuyos miembros serían seleccionados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mediante concurso público de acceso abierto. Esta nueva junta, compuesta por siete fiscales, elegiría de entre sus integrantes al fiscal de la Nación Transitorio, quien asumiría plenamente las funciones del cargo.

Según la iniciativa, esta junta provisional deberá —en un plazo de seis meses— presentar al Congreso dos propuestas legislativas: una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y una nueva Ley de Carrera Fiscal. Tanto la Junta Transitoria como el fiscal transitorio ejercerán funciones hasta que estas normas sean promulgadas.

Diagnóstico: crisis institucional

En la exposición de motivos, el congresista Gonza justifica su propuesta señalando que el Ministerio Público atraviesa “una de sus etapas más críticas de las últimas décadas” por presuntos casos de corrupción, desgobierno, provisionalidad crónica y pérdida de legitimidad. Se hace referencia a informes de la Defensoría del Pueblo, Convoca.pe y la Procuraduría Especializada en Corrupción para señalar que más de 180 fiscales han sido investigados o sancionados en los últimos años, incluidos supremos.

Se menciona como casos emblemáticos el del exfiscal Pedro Chávarry —destituido por la JNJ por obstrucción a la justicia— y el del exfiscal adjunto Luis Añamuro, prófugo durante años por intento de feminicidio. El documento también señala el reciente conflicto por la reposición de Patricia Benavides, acusada de encabezar una organización criminal, como evidencia del “colapso institucional”.

A pesar de que el proyecto sostiene que la reforma no busca vulnerar la autonomía del Ministerio Público, sino “rescatarla”, organizaciones de la sociedad civil y del sistema de justicia han advertido sobre los peligros de una intervención legislativa directa.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL), por ejemplo, advirtió que estas medidas podrían violar la separación de poderes si se concretan sin sustento constitucional claro. Además, la elección de los nuevos fiscales recaería completamente en la JNJ, cuestionada por la reciente orden de restitución a Benavides, lo cual agrava la desconfianza entre las instituciones.

Por su parte, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, se manifestó sobre la crisis en el Ministerio Público: “lo que estamos viendo es un espectáculo que la población no puede aceptar [...] Creo que esto grafica la necesidad de reformar el Ministerio Público”, precisó.

Situación del Ministerio Público

El proyecto se presenta en medio del conflicto generado por la resolución de la JNJ que ordena reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, pese a su destitución previa y las investigaciones penales en su contra. Delia Espinoza, actual titular del Ministerio Público, ha calificado este acto como un intento de “golpe a la democracia”.

A ello se suma la presentación de denuncias constitucionales contra los miembros de la JNJ por parte de congresistas como Elías Varas y Alfredo Pariona, quienes acusan a los magistrados de usurpación de funciones. Mientras tanto, el Poder Judicial fijó para el 24 de junio la audiencia que resolverá el pedido de suspensión de Benavides por 36 meses.

Con siete proyectos sobre la mesa, la intención del Congreso de reformar el Ministerio Público ya no parece aislada. Por ahora, la Junta de Fiscales Supremos ratificó a Delia Espinoza como fiscal de la Nación hasta 2027, pero el desenlace de esta pugna entre poderes continúa siendo incierto.