La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso aprobó este miércoles 18 de junio por amplia mayoría el dictamen que autoriza el nombramiento y la incorporación de trabajadores del Seguro Social de Salud (EsSalud) y del Ministerio de Salud (Minsa), que laboran bajo el régimen especial de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a plazo indeterminado, al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Esta decisión responde a un reclamo sostenido durante años por el personal que busca equiparar sus derechos y condiciones laborales con los de los servidores públicos bajo regímenes laborales distintos.
Con 23 votos a favor y apenas una abstención, la comisión, presidida por la congresista Lady Camones Soriano (APP), dio luz verde al dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10755/2024-CR y otros proyectos acumulados. La medida establece que los profesionales, técnicos, auxiliares, asistenciales y personal administrativo de EsSalud y Minsa, contratados por mandato de las leyes 31538 y 31539 y que cumplen los requisitos, podrán acceder progresivamente al régimen 728. Este proceso tendrá un plazo máximo de ejecución de cuatro años contados a partir de la vigencia de la norma.
Proceso de incorporación y requisitos
De acuerdo con el dictamen, tanto EsSalud como el Minsa deberán realizar en un plazo máximo de 30 días un estudio técnico que identifique y cuantifique al personal afectado. Esta evaluación servirá de base para iniciar el proceso de nombramiento e incorporación, siempre en el marco de la programación presupuestal de cada entidad. Uno de los puntos clave es que el paso al régimen 728 se efectuará mediante concurso interno de méritos, bajo los principios de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades.
Para poder participar en el proceso, los trabajadores deberán estar laborando bajo el régimen CAS a plazo indeterminado conforme a la Ley 31538 y 31539 y no encontrarse inhabilitados para prestar servicios al Estado según normativa vigente. Esta medida resulta vital para garantizar que quienes accedan al beneficio cumplan con la legalidad y los estándares del servicio público.
Argumentos y respaldo en el Congreso
Durante el debate legislativo, el congresista César Revilla Villanueva (FP), autor de la propuesta, subrayó que la iniciativa busca corregir una situación de desigualdad entre trabajadores que cumplen funciones equivalentes pero no comparten los mismos derechos laborales. El objetivo, resaltó, es hacer justicia con quienes durante años han sostenido buena parte de la operatividad de los servicios de salud bajo condiciones contractuales distintas.
Edhit Julón Irigoin (APP), presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recordó que recogió el pedido del personal afectado, quienes reclaman condiciones laborales equiparables a las de sus compañeros en régimen regular. El respaldo a la propuesta fue reforzado por parlamentarios como Alex Paredes Gonzáles (BMCN), Elías Varas Meléndez (JP-VP), Maricruz Zeta Chunga (FP) e Isabel Cortez Aguirre (PP), quienes han impulsado iniciativas similares orientadas a la reivindicación de derechos y la igualdad de oportunidades.
Avances legislativos y atención a demandas
La aprobación del dictamen representa un reconocimiento al reclamo de miles de trabajadores de la salud que han laborado bajo la incertidumbre contractual del régimen CAS. Con la ejecución, se permitirá que progresivamente sean incorporados al régimen 728, lo que se traducirá en mayor estabilidad y acceso a derechos laborales plenos.
La Comisión de Presupuesto también dio visto bueno durante la sesión a otras dos iniciativas: la creación de la Universidad de Alta Huallaga en San Martín y el incremento del 55% de la bonificación por guardias hospitalarias y comunitarias para técnicos y auxiliares asistenciales, atendiendo así demandas de distintos sectores del sector público.
La iniciativa aún debe superar otros pasos en el Congreso para convertirse en ley y beneficiar de manera efectiva a miles de trabajadores.
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