AFIN en contra de radio FM obligatoria en celulares porque elevaría precio de equipos

El congreso aprobó ayer el dictamen de los proyectos de Ley 10285/2024-CR y 10526/2024-CR, que hace obligatorio la activación de radio FM y las alertas multicanal en celulares para emergencias.

Esta medida busca que “la comunicación en situaciones de emergencia” se garantice sobre en todo en casos de emegencia, lo que considera como “un derecho fundamental de toda persona”. “Se garantiza la transmisión ininterrumpida de alertas y mensajes oficiales en situaciones de crisis”, resalta la medida entre sus principios rectores.

Sin embargo, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) ha manifestado su preocupación ante esto, ya que obliga a que los teléfonos móviles vendidos cuenten con radio FM, “sin considerar opiniones técnica ni la realidad del mercado”.

AFIN en contra de radio FM obligatoria

Como se sabe, la AFIN tiene entre sus miembros a los siguientes asociados activos, información que es vital para conocer de dónde viene el pronunciamiento emitido:

• Grupo Repsol
• APM Terminals
• Terminal Internacional del Sur S.A. - TISUR
• Lima Vías Express S.A.
• América Móvil Perú S.A.C.
• Entel Perú S.A.
• Metro de Lima Línea 2 S.A.
• Transvial Lima S.A.C.
• Directv Perú S.R.L.
• Telefónica del Perú S.A.A.
• Kallpa Generación S.A.
• Sacyr Concesiones Perú S.A.C.
• Viettel Perú S.A.C.
• Desarrollo Vial de los Andes SAC - Deviandes
• Cintra Servicios de Infraestructuras Sucursal del Perú
• SALOG S.A.
• Aeropuertos del Perú
• Rutas de Lima S.A.C.
• Villa María del Triunfo Salud S.A.C

Como se ve, entre las empresas en contra de la medida la radio FM obligatoria, ya aprobada en dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, se encuentran las principales operadoras del país (Movistar, Bitel, Entel y Claro), así como empresas de energía como Kallpa.

Así, las empresas, con su expertise en los temas que ven, señalan los riesgos de que esta medida pueda aprobrarse totalmente en la Comisión Permanente del Congreso (o el Pleno de la siguiente legislatura).

“Si bien se reconoce el valor social de la radio, imponer esta funcionalidad en los equipos móviles restringe la oferta, eleva los precios y obliga a consumidores de bajos recursos a adquirir equipos más costosos de fábrica, aún sin estar habilitados, ni tener interés en usar servicios de radiodifusión”, alertan.

Pero, además, sostiene que “con el creciente uso de aplicaciones de alerta de emergencias, la obligación de habilitar radios en todos los equipos puede ser innecesaria, ya que los usuarios hoy acceden a opciones que cumplen este objetivo”. Así, opinan que el Estado, al fijar estas reglas, impediría “que solo se comercialicen celulares habilitados a la medida de las necesidades del consumidor y los avances técnicos de los fabricantes”.

“En lugar de limitar el mercado, el Estado y las radiodifusoras podrían promover campañas educativas que enseñen las bondades de la radio, para que los consumidores, en cumplimiento de sus derechos institucionales, puedan adquirir los celulares recomendados”, recomienda.

No sería viable, por el lado de la energía

Como se lee en el dictamen aprobado, se ordena, además, para el fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones de emergencia, sea obligatorio cumplimiento que “las operadoras de telecomunicaciones garanticen respaldo energético mínimo de 72 horas para antenas ubicadas en zonas de riesgo”.

Ante esto, la AFIN también está en contra: “Exigir 72 horas de respaldo energético para la infraestructura de telecomunicaciones en zonas de riesgo —prácticamente todo el país por su sismicidad— desconoce la realidad del déficit energético existente, más del 70% de interrupciones -sin solución hasta el momento- generan sobrecostos y afectaciones ambientales sin resolver la verdadera causa de las interrupciones del servicio".

Pero también afirman que “resulta igualmente impreciso suponer que esta funcionalidad garantice la atención en emergencias. El país requiere un sistema autónomo especializado, independiente de las redes comerciales, al menos previsto desde después del terremoto de Pisco”.

También preocupa a AFIN y sus asociados (empresas de telecomunicaciones, energía, entre otros), que esta medida forme parte de la tendencia a “trasladar al sector privado responsabilidades del Estado en materia de seguridad nacional, así como otorgar beneficios a empresas del rubro radiodifusor en desmedro de la competencia en el sector”.

“Invocamos al Congreso a instalar mesas técnicas que permitan evaluar estas propuestas con mayor probidad al promoviendo un diálogo inclusivo y orientado el sector privado. La voluntad de colaborar existe; lo que hace falta es ser escuchados”, concluye AFIN su comunicado.