Influencers en Perú: Congreso aprueba nueva normativa para cambiar la forma en la que trabajan con el Estado

En un movimiento que promete transformar la relación del Estado peruano con los influencers y creadores de contenido en general, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó un dictamen que regula la contratación de servicios de publicidad digital por parte de entidades públicas. Esta normativa, aún en proceso y pendiente de aprobación en el pleno parlamentario, podría marcar un antes y un después para este grupo.

La iniciativa, conocida como el proyecto de ley 7868, fue respaldada por la mayoría de los miembros de esa comisión, con doce votos a favor y siete abstenciones. De ser aprobada en el Pleno del Congreso, establecería un registro obligatorio para todos aquellos influencers y creadores de contenido digital que deseen contratar con el Estado peruano. Este se convertiría en un requisito esencial para participar en los procesos de contratación pública.

El congresista Ilich López, presidente de la Comisión de Economía, explicó que el objetivo del dictamen es regular la contratación de publicidad digital por parte de entidades públicas, una área que ha estado prácticamente desregulada en Perú.

Según López, existe una “brecha regulatoria importante” en este ámbito, ya que las leyes existentes se centran principalmente en los medios tradicionales, dejando fuera a los portales digitales, influencers y creadores de contenido.

La normativa propuesta tiene como finalidad mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el uso de recursos públicos destinados a publicidad digital. En este sentido, el congresista detalló que la ley busca lograr un marco de equidad entre los medios tradicionales y digitales, lo que permitirá a las entidades del Estado acceder a una mayor diversidad de opciones para sus campañas de comunicación pública.

“Se busca transparentar, la equidad, la rendición de cuentas y la eficiencia en el uso de recursos públicos”, expresó Ilich López durante la presentación del proyecto el pasado 4 de junio de 2025.

El dictamen también introduce una serie de definiciones clave para los futuros registros de contratistas digitales. Por ejemplo, la propuesta describe a los influencers como aquellas personas con “cierta credibilidad sobre un tema determinado”, cuya capacidad de convencimiento sobre sus seguidores en redes sociales podría influir en las decisiones de compra de los consumidores.

A su vez, el proyecto de ley incluye a los streamers, quienes, según la definición, son personas que “se dedican a transmitir contenido en tiempo real” a través de plataformas como Twitch, YouTube Live, Facebook Gaming o Kick. Este contenido puede abarcar desde videojuegos hasta charlas o eventos en vivo.

Entre los requisitos para acceder a este registro, se encuentran contar con un RUC vigente, un domicilio legal en Perú, y tener un plan de comunicación estratégico acorde a las necesidades de las entidades del Estado. Además, será obligatorio contar con un sistema de medición de impactos cuantitativos para evaluar la efectividad de las campañas publicitarias. Estos elementos garantizarán que los creadores de contenido y influencers que trabajen con el gobierno estén sujetos a un marco normativo que les permita operar dentro de un entorno transparente y regulado.

A pesar de su aprobación en comisión, la ley aún debe pasar por el Pleno del Congreso y ser evaluada por la comisión de Descentralización antes de poder entrar en vigor. Si todo sale según lo previsto, el Ejecutivo tendría 90 días para reglamentarla y definir su implementación.

Por otro lado, mientras la legislación avanza, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha emitido una alerta sobre los influencers financieros, quienes, según advierten, podrían estar compartiendo contenido con sesgos comerciales.

La SBS señala que, si bien algunos de estos influencers ofrecen contenido valioso, muchos otros responden a intereses privados, lo que podría generar confusión en un público poco informado sobre educación financiera. De acuerdo con la Tercera Encuesta Nacional de Capacidades Financieras de 2023, solo el 13% de los peruanos tiene un nivel adecuado de educación financiera.

El docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Jorge Luis Ojeda, recomienda seguir ciertas pautas para identificar contenido confiable, como verificar si la información es actual y desconfiar de promesas de rentabilidad alta y segura. “Es importante que siempre se priorice la educación financiera como base para tomar decisiones informadas y seguras sobre nuestro dinero”, sostuvo Ojeda.

Este contexto resalta la necesidad de una mayor regulación no solo para los influencers del ámbito general, sino también para aquellos que operan en el sector financiero, un área especialmente sensible para los usuarios. A medida que el Congreso sigue debatiendo la propuesta, se espera que las entidades estatales puedan trabajar de manera más estructurada con los influencers, al mismo tiempo que se protege al público de contenido perjudicial o erróneo.