El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, ha salido al frente para negar las acusaciones señaladas en un informe periodístico que lo vinculan a un supuesto conflicto de interés relacionado con la empresa Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mientras se desempeñaba como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Según Pérez-Reyes, las aseveraciones difundidas son “falsas, inexactas y carentes de argumento legal”.
En un comunicado oficial, Pérez-Reyes refirió que su esposa, Isaura Delgado Brayfield, trabajó como consultora externa de manera parcial entre septiembre de 2021 y mayo de 2023, antes de que él asumiera el liderazgo del MTC. Asimismo, destacó que dicha relación laboral fue declarada de manera oportuna en su declaración jurada de intereses presentada en septiembre de 2023, cumpliendo con las normativas vigentes de transparencia.
En ese sentido, insistió que no existe conflicto de intereses alguno, calificando la información difundida como un intento de desinformar a la opinión pública. “Esta noticia es un refrito y La insinuación de un acto irregular constituye una difamación que vulnera los derechos al honor, a la buena reputación y al debido proceso”, señaló.
¿A qué reportaje se refiere?
El programa televisivo Contracorriente puso en el foco a la esposa del ministro, al cuestionar que haga consultorías y asesorías como nexo entre el parlamento y las empresas privadas, al tener un vínculo con el ministro. Según el reportaje, Delgado habría brindado 19 servicios de consultoría para Lima Airport Partners entre 2021 y 2023, recibiendo un pago total de 119 mil soles. Además, que continúa trabajando para otras organizaciones privadas, como la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, la Asociación Peruana de Factoring y la empresa Edrielle EIRL.
“Podríamos pensar que esas empresas privadas que contratan a la esposa del hoy ministro de Economía y Finanzas para labores de coordinación parlamentaria podrían estar pagando, a través de ella, sobornos”, mencionó Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce).
El reportaje añadió que el vínculo de Pérez-Reyes con LAP se remontaría a varios años atrás, específicamente al periodo en que ejerció como viceministro de Comunicaciones durante el gobierno de Ollanta Humala, tiempo en el cual se firmó una polémica adenda que permitió el cobro del TUUA (Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto) por transferencias en el proyecto del nuevo aeropuerto. Posteriormente, su esposa inició labores como consultora para LAP antes de que Pérez-Reyes retornara al MTC en el cargo de ministro.
Además, menciona que, bajo su gestión como ministro, se habría aprobado en tiempo récord una tarifa aeroportuaria en OSITRAN, en el contexto de un directorio con quórum incompleto. Este hecho llamó la atención del congresista Wilson Soto, quien consideró “extraña” la rapidez del proceso y la aprobación de la tarifa aéreo-portuaria por parte de Verónica Zambrado, titular de la entidad, respaldada en argumentos de emergencia.
Por si ello no fuera poco, la especialista consultada por el programa destacó que en una sesión del Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo informó que iba a interponer una denuncia contra una resolución de Indecopi que había favorecido a empresas aseguradoras. Entonces, “el ministro tomó conocimiento de una demanda que se iba a interponer contra los empleadores de su esposa”, advirtió.
“El ministro informó sobre los avances del plan nacional de infraestructura sostenible para la competitiva y parte de ese informe fue el nivel de inversión del aeropuerto Jorge Chávez, específicamente se habló también sobre el nivel de inversión del concesionario LAP”, agregó también; mientras que para el congresista Wilson Soto el hecho refleja un claro conflicto de interés. “Tendría que darle las explicaciones al ministro de Transportes y Comunicaciones”, concluyó.
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