Red de extorsión desde penales se dirigía desde Ancón 1: señal clandestina de internet favoreció a grupo delictivo

La Policía Nacional del Perú (PNP) descubrió que John zafra Espinoza, un criminal condenado a cadena perpetua en el penal de Ancón 1, manejaba un negocio a nivel nacional de brindar el servicio ilegal de internet a presos de otros establecimientos penitenciarios.

El criminal fue condenado en el 2012, después de asaltar con otras personas una agencia bancaria. Como resultado, asesinaron a un efectivo. En septiembre del 2024, la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanó su celda y encontraron anotaciones con cuentas bancarias y números telefónicos de empresas y orquestas, como Armonía 10, las cuales habrían sido víctimas de extorsión. Como se le imputó ser el proveedor de internet a los reos de este lugar, fue trasladado al penal de Challapalca, ubicado en Tacna, a 4.850.

De acuerdo con Hildebrandt en sus trece, también se sospecha que tenía un contacto en el exterior, el ingeniero Juan Huaringa Bejarano, quien habría sido el encargado de implementar el sistema de antenas cerca a la cárcel de Ancón.

El semanario menciona que esta persona es titulada en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que se especializaba en desarrollar redes de comunicación digitales. Cunado lo detuvieron, hallaron conversaciones con Zafra y su padre, Miguel Ángel Zafra Torres, donde coordinaban el servicio de internet para la cárcel de Huaral, donde los presos juntaron 18 mil soles para la instalación.

Relación con ataque en Cercado de Lima

El fiscal de crimen organizado José Antonio Silva, gracias a un operativo que ordenó, descubrió que una de las señales, que eran partes de esta red, era producida por una antena instalada en el techo de un inmueble, ubicado en el centro poblado Los Claveles, y a un kilómetro del penal de Huaral.

La vivienda era de Alex Cabrera Bautista, señala el semanario, y él habría sido el encargado de cobrar a los internos que querían este servicio ilícito. El contacto, explican, era a través de su esposa, quien acudía a visitar a algunos presos, aunque se cree que ahí aprovechaba para introducir los chips y celulares escondidos.

Uno de los delincuentes que hacía uso de la señal era Miguel Ángel Mazzeti, alias ‘Tito’, quien fue responsable del ataque a una fiesta el pasado 15 de febrero, en el Cercado de Lima. Ese día, dos sicarios entraron y dispararon contra los asistentes. En total, tres personas murieron, entre ellas un menor de edad.

“Todo aquel que quiera hacer tono en el Cercado tiene que tocarme la puerta. De lo contrario le voy a meter plomo a cada cantante o público en general, así como acabó de hacer en estos momentos en el pasaje Primero de Mayo con Monsefú por no ponerse en línea conmigo”, puso en un estado de WhatsApp, reporta Hildebrandt en sus trece.

La Dirincri informó que transportistas y comerciantes lo señalaban como las personas que los extorsionaba en los últimos meses. Precisamente, el 24 de enero Prisiontec, el consorcio que provee el sistema de bloqueadores de señal al INPE desde el 2014, inició el funcionamiento de un rastreador de señales electromagnéticas dentro del penal de Huaral. Esto, evidentemente, confirmó que los reos tenían señal de internet wifi, luego de haber burlado la seguridad.

El problema está en los sistemas vulnerados

En un reciente desarrollo sobre la seguridad en las prisiones de Perú, Augusto Fernández Márquez, gerente de Prisiontec, ha señalado que el problema no radica en la ineficacia de los bloqueadores de señal, sino en que estos están siendo vulnerados.

Fernández Márquez ha desviado la responsabilidad hacia el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), argumentando que el contrato firmado en 2014 con el Estado, que fue una iniciativa privada, no se ha cumplido en su totalidad. Este acuerdo contemplaba que Prisiontec invertiría en la instalación de bloqueadores a cambio de gestionar el negocio de los teléfonos públicos en los penales, conocidos como “azulitos”. Sin embargo, el empresario asegura que esta parte del acuerdo nunca se concretó, lo que impidió la inversión necesaria para actualizar los sistemas de bloqueo.