El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Roberto Su, solicitó este viernes al Poder Judicial que archive el proceso de incautación de la vivienda del exmandatario ubicada en la urbanización Camacho, en el distrito limeño de La Molina.
El pedido fue presentado durante la audiencia en la que se evaluó la solicitud del exjefe de Estado para cumplir su condena bajo arresto domiciliario.
Roberto Su sustento su pedido en que las modificaciones hechas por el Congreso a la ley de extinción de dominio entrarían en vigencia, por lo que el proceso debe archivarse.
“De acuerdo con la reforma que entra en vigencia a partir de mañana, ese proceso tiene que archivarse, porque bien claro indica que se aplica en forma inmediata”, argumentó el letrado ante el tribunal.
Pese a que sobre el inmueble pesa una medida de incautación vinculada al caso Odebrecht, Su afirmó que dicha disposición no impide que Toledo conserve el derecho sobre la propiedad.
El expresidente, extraditado desde Estados Unidos en 2023, fue condenado en primera instancia a 20 años de cárcel por haber recibido sobornos de la empresa brasilera Odebrecht. Su condena la cumple en el penal de Barbadillo.
Pedido de arresto domiciliario
El abogado del expresidente Alejandro Toledo invocó la Ley 32181, que contempla la posibilidad de que personas mayores de 80 años puedan cumplir sus sentencias bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.
En base a esta norma, la defensa buscaba que el exmandatario abandonara el penal y continuara su condena en su residencia ubicada en la urbanización Camacho, en La Molina.
No obstante, tras evaluar los argumentos presentados tanto por la fiscalía como por la defensa, el juez a cargo del caso concluyó que dicha ley no era aplicable en el caso de Toledo Manrique. Por tanto, el exgobernante deberá permanecer en el penal de Barbadillo.
Dina Boluarte no observó modificaciones a ley de extinción de dominio
El Ministerio Público criticó que el Ejecutivo haya aprobado las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio sin haber hecho ninguna observación, pese a las reiteradas alertas del sistema de justicia de lo nociva que resultaría la reforma en casos de corrupción.
La entidad recordó que con la ley de extinción de dominio se logró recuperar millones de soles para el Estado y que las modificaciones que hizo el Congreso solo debilita la lucha contra la corrupción, crimen organizado, lavado de activos y delitos medioambientales.
Asimismo, recordó que varios casos emblemáticos están en riesgo de archivo tras la promulgación de esta normal. Como el que afecta al expresidente Alejandro Toledo y otras autoridades vinculadas al caso Odebrecht.
La entidad también advirtió que la reciente reforma a la Ley de Extinción de Dominio podría traer graves consecuencias para el país en el ámbito internacional.
Entre los principales efectos señalados se encuentra el deterioro de la imagen del Perú por el posible incumplimiento de tratados como la Convención de Mérida y la Convención de Palermo, compromisos clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Asimismo, alertaron que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) podría incluir al país en su lista gris, lo que debilitaría el acceso a inversiones y préstamos internacionales.
Además, el Perú correría el riesgo de perder su posición de liderazgo en la región en materia de recuperación de activos ilícitos.
Por otro lado, el Poder Judicial se pronunció mediante un comunicado en el que cuestionó la reciente promulgación de la norma que reforma la Ley de Extinción de Dominio.
La institución advirtió que los cambios aprobados podrían facilitar la continuidad de actividades delictivas como el crimen organizado y el sicariato, al debilitar las herramientas legales para combatirlas con eficacia.
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