En medio del aumento sostenido de la delincuencia urbana en Lima y Callao, las motocicletas volvieron a colocarse en el centro del debate sobre seguridad ciudadana. Durante los últimos meses, distintos informes han vinculado a este tipo de vehículos con una gran cantidad de robos al paso, asaltos y actos de sicariato. Las medidas restrictivas impulsadas anteriormente, como la prohibición de que dos personas circulen en una misma moto, no consiguieron resultados concretos. Ahora, el Congreso de la República opta por endurecer los filtros al momento de adquirir una moto nueva o usada.
El congresista Juan Carlos Lizarzaburu, de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), presentó el Proyecto de Ley N.º 11037 con un enfoque más riguroso. La propuesta plantea que toda persona que desee comprar un vehículo menor motorizado —categoría L, que incluye motos lineales y mototaxis— cumpla con requisitos adicionales, entre ellos la presentación de antecedentes penales y policiales. Además, los extranjeros deberán acreditar una condición migratoria habilitante vigente.
El proyecto contempla la modificación de la Ley N.º 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, mediante la incorporación de los artículos 4-B y 4-C, con el objetivo de responsabilizar a los compradores sobre el uso de los vehículos adquiridos. “La presente Ley tiene por objeto fortalecer la Seguridad Ciudadana, a través de la incorporación de los artículos 4-B y 4-C en la Ley N.º 27181”, señala el documento oficial entregado al Congreso.
El debate gira nuevamente en torno a una problemática que parece no encontrar solución duradera, mientras sectores de la ciudadanía y expertos en políticas públicas cuestionan el real impacto de este tipo de medidas.
Nuevos filtros para adquirir motos
La propuesta legislativa busca establecer una serie de requisitos formales para quienes deseen comprar una moto nueva o usada en el país. Entre los puntos clave figuran:
- Licencia de conducir vigente.
- Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Certificados de antecedentes penales y policiales.
- Para ciudadanos extranjeros, condición migratoria habilitante vigente.
- En el caso de empresas o personas naturales que alquilan vehículos menores, registro obligatorio en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Además, el proyecto incorpora la creación de un Registro de las Adquisiciones de Vehículos Menores Motorizados. Esta base de datos estará a cargo del MTC y permitirá rastrear las transacciones realizadas desde la compra inicial hasta posteriores alquileres o reventas.
“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de ente rector, crea el Registro de las Adquisiciones de Vehículos Menores Motorizados”, se lee en el texto. Este sistema funcionará en tres etapas: durante los primeros 60 días se implementará la plataforma tecnológica; del tercer al noveno mes se aplicará a todas las adquisiciones nuevas; y del décimo al decimoctavo mes incluirá transacciones de alquiler y demás operaciones comerciales.
Seguridad ciudadana como argumento central
La propuesta llega en un contexto donde la inseguridad domina la agenda pública. Solo en lo que va del año, las autoridades registraron múltiples crímenes cometidos por individuos a bordo de motocicletas. A pesar de los esfuerzos por fortalecer la fiscalización, los operativos han resultado insuficientes frente a la facilidad con que se accede a este tipo de vehículos.
Para Lizarzaburu, la normativa vigente no responde a las exigencias actuales del contexto delictivo. “Es necesario establecer mecanismos de control que impidan el uso de estos vehículos con fines ilícitos”, sostuvo el congresista al justificar la presentación del proyecto. “Hoy en día cualquier persona puede adquirir una moto sin que se verifique su situación legal. Eso debe cambiar”.
El legislador también afirmó que la reforma no busca criminalizar el uso de las motocicletas, sino evitar que se conviertan en herramientas de delitos. En ese sentido, defendió el enfoque preventivo de la ley, al considerar que “un mayor control desde la adquisición permite un mejor seguimiento de su uso posterior”.
El proyecto de ley fue ingresado oficialmente al Congreso el 30 de abril de 2025. De ser aprobado en comisiones, pasará al Pleno para su debate. El documento establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 90 días hábiles después de su entrada en vigor. En ese tiempo, el MTC deberá diseñar e implementar el sistema digital para el nuevo registro.
Durante los primeros meses de su aplicación, el sistema se enfocará únicamente en nuevas adquisiciones de motos. Luego, se ampliará progresivamente a alquileres y otras formas de transferencia. Según el documento, del décimo al decimoctavo mes la ley se aplicará a todas las modalidades de transacción.
El Congreso se prepara ahora para revisar la viabilidad técnica y constitucional del proyecto, mientras el debate público continúa creciendo en redes sociales, medios de comunicación y gremios afectados.
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