SMP: extorsionadores lanzan ocho disparos contra bus de la empresa Vipusa en la Panamericana Norte

Chofer declaró que no había pasajeros en el vehículo en el momento del ataque y señaló a los criminales como ciudadanos extranjeros

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Chofer declaró que no había pasajeros en el vehículo en el momento del ataque y señaló a los criminales como ciudadanos extranjeros. (Fuente: Exitosa)

Un nuevo ataque contra una unidad de transporte público se registró la madrugada del 5 de mayo. El objetivo de los dos delincuentes motorizados fue un vehículo de la Empresa de Transportes Virgen de la Puerta, popularmente conocida como Vipusa. El hecho ocurrió en la vía Panamericana Norte y no se han registrado heridos ni víctimas.

El tercer atentado contra la la empresa tuvo lugar en la cuadra 44 de la avenida Alfredo Mendiola en el límite de Los Olivos e Independencia. El chofer del vehículo indicó que dada la hora del ataque no había pasajeros a bordo por lo que los delincuentes se acercaron a la cabina del conductor para disparar hasta ocho veces. “Nos hemos salvado de milagro”, dijo para recalcar que desconoce si su centro de labores es víctima de extorsiones.

“La empresa Vipusa es una de las más afectadas en Lima porque ya hemos perdido tres compañeros”, indicó para revelar que el 50% de unidades no trabajarán y realizarán una vigilia en el centro de operaciones de la empresa. “Espero que todos se unan porque nunca llegué a pensar que me pasaría”, agregó.

Bus de la empresa Vipusa
Bus de la empresa Vipusa estaría siendo extorsionado | Foto cortesía: Felipe LM / X

El ataque ocurrió a pesar del estado de emergencia decretado por el gobierno y la prohibición de circulación de motos con más de un pasajero. La medida que rige por más de medio mes no ha sido acatada por la mayoría de conductores, quienes se han cuestionado la efectividad de lo decretado por la presidenta Dina Boluarte. Esta iniciativa culminará el próximo 17 de mayo y se desconoce si el Ejecutivo tiene planes de ampliarlo.

Reciente ataque

El 25 de abril de 2025, un bus del Corredor Rojo fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores en el distrito limeño de Ate, cerca del estadio Monumental. Dos sujetos a bordo de una motocicleta intentaron entregar un paquete al conductor; al negarse, abrieron fuego contra el parabrisas del vehículo, que transportaba pasajeros. Afortunadamente, no se reportaron heridos. El bus se detuvo en el óvalo Huarochirí, donde el conductor pidió auxilio a la Policía Nacional del Perú y al Serenazgo local. La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) inspeccionó el paquete y halló un papel de gran tamaño cuyo contenido está siendo investigado.

Según información preliminar, el mensaje hallado estaría vinculado al grupo criminal conocido como ‘D.E.S.A.’ (Delincuentes, Sicarios, Extorsionadores, Antitren), que mantiene una disputa por el control del crimen organizado en Lima con el ‘Tren de Aragua’. Esta organización estaría liderada por Edward Torrealba Pacheco, primo del fallecido delincuente conocido como ‘Maldito Cris’, y se dedica a extorsionar a transportistas y comerciantes.

Presuntos extorsionadores balean bus del Corredor Rojo - América Noticias

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado coordinando acciones con el concesionario del Corredor Rojo y activando los seguros correspondientes. Este hecho evidencia el aumento de la violencia en el transporte público limeño.

¿Qué es el estado de emergencia?

En Perú, el estado de emergencia es una medida excepcional que declara el Gobierno cuando considera que el orden interno, la seguridad o la paz social están gravemente amenazados. Está regulado por la Constitución y permite restringir temporalmente ciertos derechos fundamentales, como la libertad de tránsito, de reunión, la inviolabilidad del domicilio y, en algunos casos, la libertad personal.

Durante este periodo, las Fuerzas Armadas pueden asumir funciones de apoyo a la Policía Nacional para restablecer el orden. El estado de emergencia puede aplicarse a nivel nacional o en zonas específicas, y tiene una duración inicial de hasta 60 días, prorrogable si la situación lo requiere. Suele declararse en contextos de desastres naturales, alta criminalidad, conflictos sociales o terrorismo. Aunque busca proteger a la población, su uso ha generado controversia por posibles abusos y falta de resultados sostenibles en la mejora de la seguridad o la solución de conflictos.