La minería ilegal en el Perú ha dejado de ser solo un problema ambiental o tributario. Hoy, es una amenaza estratégica que compromete la competitividad del país, debilita la gobernanza territorial y, sobre todo, desestabiliza la cadena de suministro de la minería formal, uno de los principales motores de nuestra economía.
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), cerca del 40% de la producción nacional de oro en 2022 provino de actividades no formales. Esto equivale a aproximadamente 4 mil millones de dólares en oro sin trazabilidad, sin estándares ambientales, y fuera del radar tributario. El impacto es multidimensional: desde la pérdida de ingresos fiscales, hasta la fragmentación del tejido social, pasando por la degradación ambiental irreversible.
En la práctica, esta minería no formal, que incluye a la ilegal e informal, opera sin controles de seguridad, sin condiciones laborales mínimas y sin responsabilidad frente a las comunidades. El resultado es una cadena paralela que compite de manera desleal con la minería formal, afectando precios, reputación y sostenibilidad operativa. Además, introduce riesgos severos en el transporte, procesamiento y comercialización de los minerales, generando sobrecostos logísticos y mayores exigencias en cumplimiento de estándares ESG.
Lo más grave es que esta minería ilícita contamina la cadena de valor. Al carecer de trazabilidad, se filtra en los circuitos de la minería formal, comprometiendo la calidad del producto final y exponiendo a las empresas a sanciones regulatorias y a cuestionamientos de inversionistas internacionales que exigen transparencia y origen legal en los insumos.
Desde una perspectiva de cadena de suministro, la amenaza no es solo reputacional, sino operativa. Las rutas se vuelven más riesgosas, los costos de verificación se disparan, y las brechas de cumplimiento se agrandan. La minería ilegal no solo erosiona la competitividad de la minería formal; impide que las comunidades perciban el verdadero valor que una operación formal puede generar en su entorno.
La salida requiere firmeza. El cierre definitivo del REINFO, previsto para junio de 2025, debe ser innegociable. En la actualidad, el Reinfo mantiene 83,709 mineros inscritos, de los cuales solo el 21% de ellos se encuentran vigentes cumpliendo los requisitos mínimos, mientras que el resto utiliza el registro para valerse de él de manera ilegal
El próximo año se cumplirán 10 años desde la creación de ese registro, cuyo propósito fue el apoyo transitorio a la formalización. Quienes aún no se formalizan han demostrado que no tienen intención de hacerlo después de muchos años de tolerancia. El país no debe dar más prórrogas.
Además del cierre del REINFO, el país necesita una política nacional contra la minería ilegal, con indicadores de avance claros, presupuesto asignado y liderazgo multisectorial. A inicios de este año, se promulgó la Ley N° 32226 y con ella la creación de la Autoridad Multisectorial para Combatir la Minería Ilegal y los Delitos Conexos (AMCOMI), encargada de coordinar los esfuerzos entre diversas entidades estatales para enfrentar la minería ilegal y promover el desarrollo socioeconómico de las regiones afectadas. Sin embargo, desde el anuncio de su publicación no hemos tenido novedades sobre sus acciones o medidas.
Y, por supuesto, requerimos de una trazabilidad integral de extremo a extremo en la cadena de suministro minera, desde la extracción hasta la exportación, incluyendo los insumos críticos, que hoy se desvían con alarmante facilidad. La trazabilidad integral permitirá identificar a aquellos que realizan extracciones en lugares no autorizados y alteran los contenidos metálicos para evadir impuestos.
La lucha contra la minería ilegal necesita la prioridad y atención de todos, desde la creación de medidas y la toma de acciones urgentes hasta el correcto seguimiento y cumplimiento de estas. Si el Perú quiere seguir siendo líder en minería a nivel global, necesita blindar su cadena de suministro. Y eso empieza por cortar, de raíz, el avance de la minería ilegal.
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