Raúl Pérez Reyes, Morgan Quero, César Vásquez y Leslie Urteaga podrían tener que responder ante el Pleno del Congreso y afrontar una eventual censura. Ante las graves y diversas polémicas relacionadas con su sector, los parlamentarios se organizaron para presentar cuatro mociones de interpelación contra los titulares del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Educación (Minedu), Salud (Minsa) y Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
La primera de ellas fue impulsada por el legislador Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular), la segunda por Ruth Luque (también del Bloque Democrático Popular), la tercera por Jaime Quito (Bancada Socialista) y la última por Heidy Juárez (Podemos Perú). Los temas que las fundamentan son diversos.
Cabe mencionar que para la admisión de la moción se requiere el voto de por lo menos el tercio de parlamentarios hábiles (44 votos). Una vez aprobada, el Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación, acompañando del pliego respectivo.
¿Por qué temas se presentaron las mociones de interpelación?
En el caso del titular del MTC, se busca que responda un pliego de 45 preguntas sobre el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el aeropuerto Francisco Carlé, (Jauja), aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, entre otros y el cumplimiento de la ley 31595 vinculada al retiro del cableado en desuso en zonas urbanas.
En tanto, el responsable del Minedu tendrá que contestar 20 consultas relacionadas con las violaciones sexuales en centros educativos, infraestructura y calidad, extorsiones y amenazas a personal docente y las medidas adoptadas frente a agresiones y/o bullying a estudiantes en instituciones educativas.
Por otro lado, el documento contra el líder del Minsa cuenta con 15 preguntas, todas ellas por la aplicación del suero defectuoso de Medifarma que generó la muerte de cuatro personas y más de diez pacientes en estado de gravedad. Aunque Vásquez solicitó acudir a la Comisión de Salud a fin de dar detalle del caso y medidas adoptadas, esto no habría sido suficiente, pues algunos legisladores consideran que debe apartarse del cargo.
El pliego interpelatorio más corto, de 12 preguntas, fue presentado contra la ministra Leslie Urteaga. Con dicho documento se busca que la reemplazante de Julio Demartini responda por el programa Wasi Mikuna, el cual, pese a su intento por desmarcarse del extinto Qali Warma, continúa siendo blanco de cuestionamientos y reportes de intoxicación. El más reciente fue en Piura, donde alrededor de 50 escolares tuvieron que ser trasladados a hospitales al presentar vómitos y ronchas en la piel luego de consumir los productos distribuidos por el Midis.
¿Qué pasa después?
En el supuesto de que se aprueben, el ministro deberá acudir a la fecha programada y responder a la totalidad del pliego. Si los congresistas consideran que su contestación es suficiente y cumple con sus expectativas, permanece en el cargo. De no serlo, tienen la facultad de presentar una moción de censura. Este mecanismo, que forma parte de los controles democráticos, requiere cumplir con una serie de pasos y condiciones específicas para su activación y aprobación.
El primer paso es la recolección de firmas por parte de los congresistas. Para que esta solicitud sea válida, debe contar con el respaldo de al menos el 25 % del número legal de legisladores. En términos concretos, esto significa que se necesitan 33 firmas para que la moción pueda ser presentada formalmente ante el pleno del Congreso.
Una vez presentada, el debate y la votación deben realizarse dentro de un período que va desde el cuarto hasta el décimo día natural posterior a la presentación. Este intervalo de tiempo permite que los congresistas analicen la situación y preparen sus argumentos antes de tomar una decisión definitiva. Finalmente, para que la moción de censura sea aprobada, se requiere el voto favorable de al menos 66 congresistas, lo que representa la mayoría absoluta del pleno.
En ese caso, el titular de la cartera afectada estará obligado a presentar su renuncia al cargo ante la presidenta de la República, quien dispone de un plazo de 72 horas para aceptar formalmente la dimisión.
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