Las medidas impuestas por el gobierno de Dina Boluarte no han conseguido detener la ola de inseguridad que afecta a millones de peruanos y peruanas. A pesar del reconocimiento de presuntos golpes contra el crimen organizado, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no ha tenido otra opción que “en el Perú existe una ola criminal nunca antes vista”.
La declaración viene de la misma persona que cuenta con 78% de desaprobación, según la más reciente encuesta de Ipsos. Ya en diciembre de 2024, 80% de peruanos pedía su salida del Ministerio del Interior; sin embargo, la presidenta de la República defiende su labor y las cuestionadas declaratorias de estado de emergencia.
La nueva apuesta del Miniter es la aplicación del Plan de control territorial. Desde una rueda de prensa en El Agustino, Juan José Santiváñez compartió los cinco principales lineamientos de la medida:
- Se sumarán mil efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima.
- Se aplicará el proceso de asimilación de 1500 efectivos. Se trata de postulantes cuyo requisito para patrullar será haber cumplido el servicio militar.
- Se buscará la participación de todas las unidades operativas: Grecco (Grupo Especial Contra el Crimen Organizado), SUAT (Subunidad de Acciones Tácticas), Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales), UDEX (Unidad de Desactivación de Explosivos), entre otros.
- Se declarará en emergencia todos los suministros logísticos de la PNP para definir la adquisición de pistolas, fusiles y chalecos antibalas.
- Se suscribirán acuerdos con los gobiernos locales. El Agustino facilitará 14 camionetas mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima entregará 100.
El anuncio se da horas después de que el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) confirmara que en los primeros 17 días del 2025 se registraron 79 homicidios. Los datos revelan que la región de Lima lidera el número de homicidios con 21 casos registrados hasta la fecha. Le siguen el Callao con 8 asesinatos, La Libertad con 7, e Ica y Piura con 5 cada uno. Por otro lado, Madre de Dios y Puno reportan 4 casos, Arequipa 3, mientras que Junín y Loreto suman 2 cada uno. Finalmente, regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Huánuco registran un caso cada una.
Malas cifras
La clase política peruana atraviesa una crisis de legitimidad que empieza a romper récords. Frente a la imparable criminalidad en la capital y otras ciudades del país, la aprobación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, apenas llega a 5%. Apenas dos cifras más en comparación con diciembre de 2024. Su desaprobación desde septiembre (70%) subió ocho puntos porcentuales.
La presidenta Dina Boluarte cuenta con un mínimo respaldo de la ciudadanía: 5% dice aprobar su gestión. Su desempeño a cargo del país no ha superado las dos cifras de diciembre de 2023 luego de cumplir un año en Palacio de Gobierno. 4% en octubre, noviembre y diciembre han sido su récord en los estudios de Ipsos, mientras que Datum llegó a darle tan solo 3%.
Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, es aprobado por solo el 5% de la población, su desaprobación asciende a 79%. El trabajo del Congreso de la República es rechazado por 88% de peruanos mientras que la labor de su presidente, Eduardo Salhuana, es cuestionada por 78% de encuestados. Esto tras el destape de una presunta red de prostitución que operaba en el Congreso y las dificultades para su investigación.
Percepción negativa
Juan José Santiváñez ha sido identificado como uno de los personajes públicos con mayor percepción negativa en una reciente encuesta de Ipsos, superando incluso al primer ministro Gustavo Adrianzén. Esta desaprobación se atribuye principalmente a su gestión frente al incremento de la criminalidad en el país, evidenciada por el aumento de homicidios y extorsiones, que llevaron a declarar estados de emergencia en diversas regiones. A pesar de prometer su renuncia si no se alcanzaban las metas de seguridad, Santiváñez continúa en el cargo, mientras las cifras de delitos siguen en ascenso.
Además, su gestión ha sido cuestionada por presuntas irregularidades dentro de la Policía Nacional del Perú, incluyendo inacción ante desapariciones de mujeres y niñas, y casos de agentes vinculados a actividades delictivas. Estos factores han contribuido a una percepción pública negativa hacia Santiváñez, reflejando un amplio rechazo ciudadano hacia su desempeño en el Ministerio del Interior.
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