La Defensoría del Pueblo (DP) expresó su preocupación por los crecientes niveles de inseguridad ciudadana que enfrenta el Perú. A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la institución destacó los alarmantes índices de victimización y el aumento de homicidios registrados durante 2024 y en los primeros días de 2025.
En el pronunciamiento, la Defensoría exhortó al Ejecutivo a intensificar su liderazgo en la lucha contra la criminalidad. Asimismo, hizo un llamado a rediseñar las estrategias de seguridad que, según afirman, han demostrado ser ineficaces ante la ola delictiva. “Es fundamental fortalecer las medidas preventivas para evitar que más ciudadanos sean víctimas de la inseguridad”, señala el comunicado.
Críticas a la demora en decisiones clave
Un punto crítico abordado por la Defensoría fue la observación tardía de la autógrafa de ley que busca restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. Este retraso, realizado en el último día del plazo permitido, generó cuestionamientos por parte de la ciudadanía en redes sociales.
Los comentarios apuntaron a una posible influencia de la presidenta Dina Boluarte en defensa de su vocero, Fredy Hinojosa, lo que habría motivado la demora en aprobar una herramienta clave para combatir la delincuencia.
Fortalecer la Policía Nacional: una prioridad
La Defensoría también enfatizó la necesidad de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) como una medida prioritaria para enfrentar el crimen. Propuso centrar esfuerzos en las comisarías, los departamentos de investigación criminal y las unidades especializadas en combatir la delincuencia común y organizada.
“Acciones de inteligencia y una estructura policial sólida son fundamentales para devolver la tranquilidad a los ciudadanos”, subrayó la entidad en su comunicado.
El pronunciamiento de la Defensoría reflejaría el malestar y la incertidumbre de la población ante la creciente inseguridad. Según la entidad, el rediseño de políticas de seguridad y el fortalecimiento de las instituciones son pasos urgentes para revertir la situación actual.
Ley de detención preliminar
En la víspera, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, instó al Congreso de la República a promulgar por insistencia la autógrafa de ley que restituye la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Este pedido, realizado durante un evento conmemorativo de la Batalla de Miraflores, subraya la importancia de fortalecer el marco legal en la lucha contra la criminalidad en el país.
En su discurso, Tello Gilardi exhortó a los congresistas a corregir las objeciones planteadas por el Gobierno liderado por Dina Boluarte respecto a esta normativa. La presidenta destacó su confianza en que el Congreso rectificará los errores para implementar normas que refuercen tanto el sistema penal como la administración de justicia. Según sus declaraciones, este marco legal es esencial para combatir de manera efectiva el crimen organizado y otras formas de criminalidad.
Por otro lado, el Poder Judicial ha formado una comisión especial de jueces supremos, presidida por Tello Gilardi, con el objetivo de analizar las leyes aprobadas por otros poderes del Estado. Este grupo tiene como propósito tomar medidas necesarias para proteger las competencias del Poder Judicial y resguardar principios fundamentales como la separación de poderes y la independencia de los jueces.
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