Trabajadores CAS podrán ocupar cargos de confianza en el sector público sin perder su puesto anterior

La normativa, promovida desde el Congreso de la República, busca garantizar que los trabajadores estatales cuenten con un marco legal que respalde sus derechos y promueva la equidad en el ámbito laboral

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Al garantizar que los trabajadores
Al garantizar que los trabajadores bajo el régimen CAS reciban una remuneración justa por las funciones adicionales que desempeñen y al proteger su estabilidad laboral, esta normativa busca establecer un equilibrio entre las responsabilidades asumidas y los derechos laborales de los empleados públicos.

El Gobierno peruano ha promulgado la Ley Nº 32223, una normativa que introduce modificaciones al Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), y al Decreto Legislativo 276, conocido como la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

Según lo informado en el documento oficial, esta ley busca establecer un marco más claro y equitativo para los derechos laborales de los trabajadores del sector público, especialmente en lo que respecta a encargaturas, designaciones en cargos de confianza y puestos de dirección.

Estas disposiciones garantizan que los trabajadores bajo el régimen CAS que sean designados o encargados en cargos de confianza o puestos de dirección tengan derecho a percibir la remuneración correspondiente a dichas funciones.

Además, se asegura que, una vez concluida la designación o encargatura, estos empleados puedan retornar a sus puestos de origen sin perjuicio alguno.

La promulgación de la Ley
La promulgación de la Ley Nº 32223 representa un paso importante en la regulación de las condiciones laborales en el sector público peruano.

Trabajadores CAS recibirán certificaciones por cargos de confianza

El artículo 6-A, incorporado por esta ley, establece que los trabajadores CAS con contrato de duración indeterminada que asuman cargos de confianza o puestos de dirección tienen derecho a recibir una certificación que acredite su experiencia laboral en dichas funciones.

Este certificado, según detalla la normativa, será emitido por la entidad pública correspondiente y cubrirá el período en el que el trabajador desempeñó el cargo o puesto asignado.

Según esta disposición, mientras dure la designación, el puesto de origen del trabajador será cubierto mediante un contrato CAS temporal, cuya vigencia estará limitada al tiempo que dure la designación.

La normativa también advierte que el incumplimiento de esta medida generará responsabilidades administrativas para los encargados de las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas.

Estas disposiciones están orientadas a proteger los derechos de los servidores de carrera o aquellos con contratos permanentes que hayan acumulado una continuidad laboral superior a cinco años.

Según el texto, estos trabajadores, al ser designados en cargos políticos, de dirección o de confianza, tendrán garantizado su derecho a retornar a su grupo ocupacional, nivel de carrera o plaza original una vez concluida su designación.

El Decreto Legislativo 1057, que
El Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen CAS, ha sido objeto de modificaciones por parte del Congreso con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores contratados bajo este régimen especial. Créditos: difusión

Siguen los cambios en el régimen CAS

La promulgación de esta ley representa un esfuerzo por regular de manera más precisa las condiciones laborales de los trabajadores del sector público en el Perú, especialmente aquellos que desempeñan funciones temporales en cargos de mayor responsabilidad.

Según lo establecido en el documento, estas medidas buscan no solo garantizar los derechos de los empleados, sino también promover una gestión más eficiente y ordenada de los recursos humanos en las entidades públicas.

Con estas modificaciones, el marco normativo del régimen CAS y de la carrera administrativa en el sector público se adapta a las necesidades actuales, ofreciendo mayor seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para las instituciones.

La implementación de estas disposiciones será clave para evaluar su impacto en la dinámica laboral del sector público peruano.

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