La organización criminal ecuatoriana conocida como “Los Tiguerones” ha expandido sus operaciones hacia el norte del Perú, convirtiéndose en un actor clave en el tráfico ilícito de cocaína en la región. Esta banda, que cuenta con entre 4 mil y 5 mil miembros, según las autoridades ecuatorianas, es señalada como responsable de coordinar actividades ilegales que cruzan fronteras.
Con su base principal en el distrito de Nueva Prosperina, en Guayaquil, “Los Tiguerones” crearon un bastión de operaciones criminales que incluye no solo el narcotráfico, sino también actividades como sicariato y tráfico de armas. Este sector de Ecuador, caracterizado por la extrema pobreza y la falta de servicios básicos, se ha transformado en un territorio dominado por la violencia. Según el programa dominical Panorama, el distrito vive bajo un estado de miedo permanente, dificultando la colaboración ciudadana con las fuerzas del orden.
La policía ecuatoriana desplegó más de 700 agentes en operativos para capturar a los líderes de la banda, cuyos miembros son fácilmente identificables por sus tatuajes distintivos. Las investigaciones apuntan a que la organización tiene nexos con cárteles mexicanos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que refuerza su capacidad operativa en la región.
La llegada al Perú y el enfrentamiento con otras bandas
El ingreso de “Los Tiguerones” al Perú generó tensiones con otras organizaciones criminales locales, como “Los Hijos de Dios” y “Dinastía Alayón”, que también operan en actividades ilícitas. Este conflicto podría aumentar los niveles de violencia en las zonas donde estas bandas disputan el control territorial, especialmente en el norte del país.
El puerto de Chancay, considerado estratégico para las rutas del narcotráfico, también se encuentra en riesgo. Según expertos en seguridad, la falta de un plan coordinado podría permitir que la situación que afecta a Ecuador se replique en Perú. “Si no se actúa con rapidez, lo que hoy vivimos en Ecuador podría trasladarse al Perú”, advirtió un especialista.
La expansión de “Los Tiguerones” hacia Perú plantea un desafío urgente para las fuerzas del orden y las instituciones del país. A pesar de los esfuerzos por reforzar la vigilancia en las zonas fronterizas, las autoridades peruanas aún enfrentan limitaciones en recursos y coordinación para combatir eficazmente a este tipo de organizaciones transnacionales.
Impacto social y económico
El control del tráfico de drogas por parte de “Los Tiguerones” no solo implica un problema de seguridad, sino también consecuencias sociales y económicas. Las comunidades afectadas por su presencia enfrentan mayores niveles de inseguridad, mientras las actividades legales se ven desplazadas por el dominio de estas organizaciones en los mercados ilícitos.
Además, el temor generado por las represalias de estos grupos dificulta que los ciudadanos denuncien sus actividades. “Hablar es una sentencia de muerte”, señaló un habitante de Nueva Prosperina, reflejando un sentimiento que podría replicarse en las localidades peruanas donde esta banda comienza a operar.
La expansión de “Los Tiguerones” hacia el norte del Perú no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón más amplio de criminalidad transnacional que afecta a varios países de la región. La colaboración entre cárteles mexicanos y bandas sudamericanas indica la necesidad de una respuesta conjunta y coordinada para enfrentar esta amenaza.
El reto para Perú radica en fortalecer sus instituciones y garantizar que el crimen organizado no logre infiltrarse en sus estructuras, como se presume ha ocurrido en Ecuador. Según las autoridades ecuatorianas, “Los Tiguerones” han logrado influencia en organismos gubernamentales como la Policía Nacional y el Consejo de la Judicatura del país del norte, lo que agrava la dificultad de combatirlos.
Mientras las autoridades peruanas y ecuatorianas evalúan los próximos pasos para contener a “Los Tiguerones”, la población de las zonas afectadas continúa viviendo bajo la sombra de la violencia. La necesidad de una respuesta inmediata y efectiva se vuelve cada vez más evidente, ya que la presencia de estas bandas pone en riesgo no solo la seguridad, sino también la estabilidad de las comunidades en ambos países.
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