Las revelaciones del ex presidente del Consejo de Ministros ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Alberto Otárola; tienen consecuencias directas no solo para la presidenta Dina Boluarte, sino también para sí mismo y el resto del gabinete que lo acompañaba entre los días 28 de junio y 12 de julio, en los que -según el semanario Hildebrandt en sus trece- la mandataria trabajó de manera remota.
En conversación exclusiva con Infobae Perú, el abogado constitucionalista, Luciano López, afirmó que lo dicho por Otárola en la sesión pública es una posible confesión del presunto delito de omisión de funciones, pues el ex titular de la PCM no informó al Congreso que la presidenta iba a someterse a una cirugía y que no iba a estar disponible durante la intervención.
Para el constitucionalista, al momento de ser informado, el Congreso tenía la posibilidad de suspender a Boluarte del cargo presidencial de forma temporal. Esto no sugiere una sanción, sino que es un recurso disponible para evitar vacíos de poder.
Dina Boluarte no podía trabajar de forma remota
Uno de los argumentos del exministro Otárola para defender la legalidad de su acción es que existe una norma aprobada desde el Congreso que permite a la mandataria asumir sus funciones de manera remota. Sin embargo, durante su contacto con medios de comunicación, también aceptó que esta ley se aplica en casos de viaje, lo que no corresponde con lo ocurrido.
Sin embargo, el abogado constitucionalista afirmó que la mandataria no podía asumir esa modalidad de trabajo, pues no se encontraba de viaje.
Todos los ministros también son responsables
Las declaraciones de Otárola no solo podría tener consecuencias directas para él y la presidenta Boluarte, sino que además afectan a sus compañeros de gabinete. López asegura que el ex ministro fue “bastante ingenuo. Al menos jurídicamente hablando”
El abogado especialista también indicó que los defensores de la mandataria podrían argumentar que este caso también podría pasar por un resfriado, pero que este no es el caso, pues aunque se trate de un tema de salud real, “aquí el problema es que ellos no le informaron al parlamento, que era el único que podía decidir”
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