La presidenta Dina Boluarte enfrenta una profunda crisis de legitimidad, con una desaprobación que alcanza el 89,5 % a nivel nacional, según los resultados de la más reciente encuesta urbana y rural de CPI, publicados este sábado. El rechazo abrumador refleja un descontento generalizado en la ciudadanía hacia su gestión, marcada por conflictos sociales, tensiones políticas y falta de soluciones a problemas estructurales.
Este dato refleja un incremento de más de cinco puntos porcentuales en comparación con noviembre del 2022, cuando la desaprobación se situaba en 84,3 %, de acuerdo con un sondeo previo de la misma encuestadora.
Dicha encuesta, presentada en exclusiva por RPP, revela que solo un 5,1 % de los encuestados aprueba la gestión de la mandataria, mientras que un 5,4 % prefiere no pronunciarse al respecto. En noviembre, el respaldo a la jefa de Estado llegaba a 6,3 %.
El estudio de CPI también muestra diferencias entre la percepción de la población en Lima y Callao y la del resto del país. En la capital, la desaprobación a la mandataria llega al 90,1 %, ligeramente superior al 89,1 % registrado en las demás regiones.
En contraste, la aceptación a la gestión de Boluarte es mayor en provincias, alcanzando un 6,1 %, frente al 4,4 % registrado en Lima y Callao.
Números en rojo
La presidenta Dina Boluarte enfrenta un rechazo creciente, reflejado tanto en las protestas en su contra como en las cifras de una reciente encuesta de Datum Internacional. Según el sondeo, solo un 3 % de los peruanos respaldan la gestión de la primera mujer en ocupar la presidencia.
En octubre de 2023, la mandataria había registrado un récord de desaprobación con un 92 %, cifra que ha sido superada por un 94 % en los últimos meses, según la misma encuestadora. Este marcado descenso en la aceptación a su gobierno ha sido constante desde que asumió el cargo en diciembre de 2022. En ese momento, su nivel de respaldo era de un solo dígito, 10 %, cifra que no ha mejorado desde entonces.
La encuesta de Datum confirma que más del 90 % de los ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos y rangos de edad rechazan la gestión de Boluarte. La desaprobación alcanza su punto más alto en las zonas más pobres, como el nivel socioeconómico E, y en el oriente del país, donde la cifra llega al 96 %.
Las palabras de Adrianzén
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reconoció que el gobierno no ha logrado conectar adecuadamente con la ciudadanía y que enfrenta dificultades para transmitir de manera clara las políticas en las que está trabajando.
“Creo que no estamos logrando conectar con la población, no conseguimos comunicar de manera efectiva los mensajes. Lo he discutido con expertos en comunicación política, y esto refleja un deterioro generalizado de la clase política”, expresó durante una rueda de prensa con corresponsales internacionales.
Paro de transportistas
El gremio de transportistas, uno de los más golpeados por el aumento de la criminalidad, llevó a cabo un paro nacional para exigir acciones concretas contra la inseguridad. La medida forzó al gobierno a declarar el estado de emergencia en varias zonas críticas. Sin embargo, ante la falta de resultados efectivos, otros sectores igualmente amenazados decidieron unirse a las manifestaciones, que buscan presionar por soluciones más contundentes.
Desde el Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte, se intentó cuestionar la legitimidad del paro, alegando una posible injerencia de simpatizantes del expresidente Pedro Castillo. A pesar de ello, las protestas continuaron incluso durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), desarrollado en Lima el último fin de semana.
Mientras tanto, Boluarte destacó que el evento internacional fue una oportunidad para “reforzar la imagen del país como un destino abierto al comercio, la inversión y la cooperación internacional”. Según la mandataria, el foro permitió reafirmar el compromiso de Perú con el diálogo y la búsqueda de consensos para lograr metas que impulsen el desarrollo y la prosperidad.
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