La bancada de Podemos Perú ha presentado una propuesta legislativa que busca impulsar la formalización y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), mediante un régimen de gracia tributaria que exoneraría a estas empresas del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta (IR) durante los dos primeros años de operaciones, además de blindar a estas empresas de la supervisión de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y recortar los beneficios sociales de sus trabajadores.
El proyecto de ley 9496/2024-CR, “Ley que establece un régimen de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, otorgando un periodo de gracia para incentivar su crecimiento y formalización”, efectúa modificaciones angulares al artículo 2 del Decreto Supremo N° 133-2013-EF, que Aprueba el Texto Único Ordenado del Código Tributario.
El objetivo del congresista Jorge Flores Ancachi es permitir que las nuevas MIPYME constituidas bajo cualquier forma jurídica, cuya facturación anual no exceda de 1.000 Unidades impositivas tributarias (UIT) y cuyo capital social no supere las 500 UIT, estén exoneradas del pago del IR y el IGV durante un periodo de dos años, contados a partir de la fecha de su constitución legal.
Este beneficio será aplicable siempre que la empresa cumpla con las condiciones de formalización ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Vencido dicho periodo, la empresa deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias correspondientes.
MIPYMES sin fiscalización de Sunafil y sin derechos laborales
Pero el proyecto del congresista Jorge Flores Ancachi modifica también la Ley de Creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Ley N’ 29981), para permitir que las micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con menos de tres años de constitución sean exoneradas de inspecciones laborales por parte de la Sunafil.
El proyecto de ley plantea una salvedad para estas inspecciones en los casos de “flagrante vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores o cuando existan denuncias fundadas”, aunque no detalla en cuáles.
No es tampoco la única flexibilización laboral que persigue el proyecto del legislador de Podemos Perú. La redacción del texto plantea que las mypes -no pequeñas, sino microempresas- que se formalicen accederán a un régimen especial de exoneración del pago de contribuciones a la seguridad social por un periodo de dos años a partir de su formalización.
Durante este periodo, las empresas deberán participar en programas de capacitación obligatoria sobre gestión empresarial, a fin de garantizar la sostenibilidad de su negocio al término del beneficio.
Finalmente, el proyecto de ley 9496/2024-CR establece que el Ministerio de la Producción (Produce), en coordinación con la Sunafil y la Sunat, implementará un programa de capacitación obligatorio dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas beneficiarias del régimen de gracia, “orientado a la gestión administrativa, tributaria y laboral”.
Informalidad en el Perú: ¿La solución es dejar de pagar tributos y beneficios sociales?
El abogado tributarista Rafael Inurritegui ha expresado su preocupación sobre las exoneraciones propuestas por Podemos Perú para las micro, pequeñas y medianas empresas. Según el especialista, estas medidas no abordan las causas estructurales de la informalidad y podrían incluso “sancionar” a las empresas ya constituidas, ya que los beneficios se destinan únicamente a las de reciente creación.
Inurritegui argumenta que las exoneraciones tributarias temporales no fomentan la sostenibilidad empresarial a largo plazo. En su opinión, estas medidas perpetúan una cultura de dependencia estatal y desincentivan el cumplimiento tributario.
Además, el letrado consideró que las medidas proporcionadas por el congresista Jorge Flores Ancachi generan una competencia desleal con las empresas que ya operan formalmente.
Para Inurritegui, una política eficaz debería priorizar incentivos duraderos y sostenibles, como programas de capacitación, inclusión en la contratación pública y fortalecimiento del acceso a mercados. Sin estas acciones, advierte, el impacto de la norma será limitado y podría incluso exacerbar los problemas que pretende solucionar.
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