El gobierno de Dina Boluarte declaró, por segunda vez, estado de emergencia por 60 días en 14 distritos de Lima y Callao. Esta decisión se da tras el paro de transportistas por la ola de extorsiones que denuncian, pero una situación que viven los ciudadanos a diario.
Sin embargo, no es la primera vez que se toma esta decisión. En el 2023, el entonces premier Alberto Otárola también anunció esta disposición para San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho y en siete distritos de Sullana.
Esta vez, la jefa de Estado se mostró confiada en que el panorama ante la delincuencia mejorará ante la salida de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas en las calles. Además, enfatizó que los delincuentes serán capturados y purgarán condena en los penales.
Estas declaraciones lo menciona luego de 48 horas del estado de emergencia. En otro momento, afirmó que “da la cara” ante su ausencia en el anuncio importante. Asimismo, precisó que crean “historias” en su contra.
¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo estado de emergencia?
El viernes 27 de septiembre, el Gobierno oficializó el decreto supremo, donde se señala que no habrá toque de queda. Una situación diferente a la que sí se determinó en el 2023 en los distritos que estuvieron considerados con alta tasa de criminalidad.
No obstante, esta vez, se precisa que está suspendido la libertad de tránsito, a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad de reunión. En declaraciones con el programa de La Rotativa Al Aire de RPP Noticias, también indicó que habrá resultados.
Estas fueron las medidas
El ministro del Interior señaló que la gestión de Boluarte ha dispuesto diversas medidas en respuesta de la inseguridad ciudadana y de la situación que atraviesa las empresas de transportes.
- La formación de un equipo especial dedicado a la investigación y persecución del delito de extorsión en el ámbito del transporte público y privado. Estará conformado por más de 100 agentes.
- Nuevas líneas para la investigación de secuestro y extorsión de la Dirincri: 942 841 978 y 966 834 447.
- Establecen mecanismo de seguridad policial en los paraderos y en las rutas.
- Brindar seguridad policial a las unidades de transportes de manera aleatoria de personal uniformado y civil.
- Presentación de un proyecto de ley que agraven las penas por el delito de extorsión y sicariato hasta con cadena perpetua.
- Creación de una Fiscalía Supraprovincial contra la extorsión.
- Forma una mesa conjunta entre diversos ministerios.
- Creación de una Procuraduría de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) que se encargue de interponer las denuncias contra los que cometan los delitos.
Estos son los distritos declarados en emergencia: Ate, Villa el Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, Rímac, Santa Rosa, Ventanilla (Callao).
Cabe precisar que, el titular de esta cartera no ha descartado que más ciudades sean incluidas en esta lista, pero dependerá de la evaluación de la PNP frente a las cifras.
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