El primer ministro Gustavo Adrianzén ratificó que desde el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte se sienten indignados por el reciente pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pero negó que esté en agenda un eventual retiro de la competencia contenciosa de dicho órgano supranacional.
En entrevista con Canal N, Adrianzén indicó que el Ejecutivo no discute en este momento un posible retiro de la Corte IDH, pero precisó que no se encuentra “en condiciones” de descartarlo por completo.
Responderán a la Corte IDH
El primer ministro Gustavo Adrianzén anunció que el gobierno de Dina Boluarte enviará un comunicado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para rechazar la orden de detener el proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad. Esta iniciativa legislativa busca que los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos antes de 2002 no sean procesados, lo cual prescribe los delitos ocurridos durante el conflicto interno que resultó en la muerte de 69,000 personas.
El 13 de junio, la Corte IDH ordenó a Perú detener el proceso legislativo hasta que se emita una resolución definitiva. Sin embargo, el 4 de julio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la ley en segunda votación, pese a que la Corte, días antes, había reiterado su rechazo y ordenó que el dictamen quede sin efecto. Adrianzén acusó a la Corte de intentar “maniatar” al Estado peruano y comentó que todavía se deben discutir las posibles acciones a tomar con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el canciller y otros especialistas.
La Fiscalía de la Nación advirtió que la ley podría resultar en la anulación de unos 600 casos, incluidos delitos como desaparición forzada, homicidio calificado, genocidio y tortura. Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmaron que la ley contradice las órdenes de la Corte IDH, estableciendo una política de impunidad.
Uno de los casos emblemáticos que podrían verse afectados por esta ley es el caso Pativilca, en el que seis campesinos fueron secuestrados, torturados y asesinados por agentes del grupo Colina durante el conflicto armado interno. Entre los posibles beneficiados por la ley se encuentran Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Críticos de la normativa, como Martha Moyano y Patricia Juárez, sostienen que no se trata de una ley de Amnistía, sino de una aclaración sobre la aplicación de ciertos delitos. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación insiste en que permitiría la exoneración de aquellos que cometieron crímenes graves antes de 2002, año en el que Perú adoptó el Estatuto de Roma.
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