El premier Gustavo Adrianzén aseguró que el gobierno de Dina Boluarte hará llegar un comunicado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para expresarles que rechazan la orden que dieron contra el proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad.
Como es conocido, esta iniciativa legislativa busca que no se procesen a ciudadanos por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno en el que fallecieron 69.000 personas.
Por esto, el pasado 13 de junio, la Corte IDH había ordenado a Perú detener el proceso del proyecto hasta que se emita una resolución al respecto. Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que esta iniciativa podría perjudicar el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas de violaciones de derechos humanos, particularmente en los casos de La Cantuta y Barrios Altos.
A pesar de este mandato, este jueves 4 de julio, la Comisión Permanente del Congreso finalmente aprobó la ley, en segunda votación. Esto llevó a que la Corte IDH vuelva a pronunciarse sobre el tema. Esta vez ordenaron que el dictamen quede sin efecto.
El premier Gustavo Adrianzén comentó esta resolución y aseguró que la Corte IDH quiere “maniatar” al Estado peruano al decirles qué deben o no deben de hacer.
Aseguró que está pendiente que esta medida sea conversada con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el canciller, embajadores y otros especialistas. No descartó que el gobierno de Dina Boluarte tome otra acción como respuesta a la orden de la Corte IDH.
Fiscalía rechaza proyecto de ley que busca prescripción de delitos de lesa humanidad
La Fiscalía de la Nación ha advertido que la medida podría resultar en el archivo de aproximadamente 600 casos, incluyendo delitos como desaparición forzada, homicidio calificado, genocidio y tortura. Además, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han afirmado que la ley contraviene órdenes de la Corte IDH, estableciendo una política de impunidad.
Entre los casos emblemáticos que podrían verse afectados por esta ley se encuentra el caso Pativilca, en el cual seis campesinos fueron secuestrados, torturados y asesinados por agentes del grupo Colina durante el conflicto armado interno. Los responsables, incluyendo a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, serían algunos de los beneficiados.
Críticos de la ley, como Martha Moyano y Patricia Juárez, argumentan que no se trata de una ley de Amnistía, sino de una aclaración sobre la aplicación de ciertos delitos. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación informa que la norma podría permitir la exoneración de quienes cometieron crímenes graves antes de 2002, año en que Perú adoptó el Estatuto de Roma.
La aprobación de esta ley pone a Perú en una situación de incumplimiento con la Corte IDH por segunda vez, después de la liberación del exdictador Alberto Fujimori. Las consecuencias de esta norma podrían incluir la anulación de juicios y la liberación de varias personas condenadas por graves violaciones de los derechos humanos.
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