El jefe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), Peter Abad Altamirano, reveló que la postergación de los resultados del informe de pobreza fue por “disposición expresa” de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, la viceministra de Política y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Fanny Montellanos, reconoció esta afirmación y brindó detalles de la evaluación desde el sector que también lideró a hoy jefa de Estado.
Ante los resultados, Montellanos aseveró que se trabaja en los “rediseños” de los programas sociales para reducir estas cifras en el presente año. Además, la posibilidad de incrementar empleos temporales para las familias afectadas luego de que la tasa haya pasado de 27,5% a 29%.
La viceministra también manifestó que aún no han identificado a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, por lo que precisó que se realiza acciones en conjunto con las autoridades locales.
Asimismo, desde el Ejecutivo consideran que se podrá revertir la cifra con la reactivación económica y generando empleos. Sin embargo, los peruanos se vieron más golpeados por el incremento de la canasta básica.
Polémico informe
Una convocatoria que tenía cita para el jueves 9 de mayo se vio interrumpida por disposición del Ejecutivo. Un día antes, el presidente del INEI y su equipo se reunieron con los ministros y la jefa de Estado, Dina Boluarte.
Ese día se presentó las impactantes cifras, tal y como se visualiza en las fotografías publicadas por Presidencia. No obstante, la convocatoria de los medios de comunicación para revelar el informe quedó suspendida, lo cual llevó a pedir “disculpas” al titular del INEI.
A pesar de estas informaciones, el ministro de Salud, César Vásquez, sostuvo que estas cifras “no reflejan” al gobierno de Dina Boluarte. Es así como precisó que los resultados se visualizarán el siguiente año.
Peruanos sin agua segura
El documento también reveló que el 73,1 de los peruanos no cuenta con agua segura. Es decir, que no tienen acceso al servicio a través de fuentes de redes públicas, pilones o pilas, como tampoco cuentan con suministro las 24 horas del día.
En otro punto, se señala que más del 80% de la población en cuatro regiones carece de acceso a servicios básicos esenciales como agua potable, saneamiento, electricidad, telefonía móvil e Internet. Las zonas más afectadas incluyen Puno, Ucayali, Loreto y Huancavelica, donde los índices de privación oscilan entre el 81,1% y el 83,5%.
Esta problemática resalta una diferencia significativa en comparación con la provincia constitucional del Callao y Lima Metropolitana, donde solo el 23,7% y el 27,5% de sus habitantes enfrentan dificultades similares. Esta brecha indica problemas estructurales en la distribución de recursos y servicios estatales hacia las regiones más apartadas del país.
Mientras tanto, se identificó que las regiones que han tenido mayor impacto ante las diversas problemáticas son Cajamarca (44,5%), Loreto (43,5%), Pasco (41,7%) y Puno (41,6%). De esta manera, llegó hasta los 9 millones 780.540 de personas que no cuenta con los recursos económicos para adquirir los productos de la canasta básica.
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