Juliana Núñez y José de la Torre, dos residentes de Miraflores ―el tercer distrito con mayor recaudación tributaria de Lima—, lideran la propuesta de revocatoria del alcalde Carlos Canales, implicado en polémicas por sus “prohibiciones extremas” del espacio público.
En una entrevista difundida este martes en Exitosa, los promotores de la iniciativa indicaron que, desde hace casi un año, la administración miraflorina ha instalado una política de “hostigamiento” contra actividades en parques, como las clases de zumba a las que asistía Núñez.
Según la vecina, la comuna expidió un acta de fiscalización donde dejaba constancia que no había ruido molesto, aunque posteriormente un grupo de agentes municipales se acercó a las asistentes y las desalojó en un acto de “total abuso” de autoridad.

“Yo le escribí al alcalde. Cuando bajaba del parque y vi todo ese despliegue y dije ¿qué sucede? Esto es una trampa, nos han tendido una trampa a 15 mujeres que bailan”, declaró a la emisora. De la Torre Ugarte contó que debió intervenir ante la represión de los fiscalizadores.
“Lo que más me llamó la atención es lo físico del asunto. Uno de ellos estaba agarrando sus cosas. ¿Cuál es la racionalidad de todo esto?”, cuestionó al recordar una ordenanza municipal “absurda” para que los locales de atención al público del distrito cuenten con un pórtico para detección de armas.
Solo el mes pasado, el burgomaestre dispuso que el parque Grau, uno de los principales del malecón, sea declarado como zona intangible del distrito, con lo cual ha quedado destinado “exclusivamente” para acoger homenajes a héroes nacionales.
“¿Quién le ha hecho creer a este alcalde y a todos los alcaldes que tienen esa competencia legal? ¿Quién le ha hecho creer alcalde que es el dueño de decir usted va a ir acá, pero acá no vaya? [...] Los gobiernos, en los mundos civilizados, fomentan el uso de espacios públicos”, intervino Núñez.
La vecina expuso, a continuación, que la gestión edil pretende cerrar temporalmente el complejo deportivo Skate Park debido a una obra. “Más allá de que puedan hacer una infraestructura moderna, ¿los chicos [...] van a bajar a la Costa Verde? Es una locura”, añadió.
Aunque la ordenanza 480, vigente desde 2017, prohíbe el consumo de licor en la vía pública y/o interior de vehículos estacionados en la misma, también se registraron reportes de diligencias arbitrarias a personas que solo estaban meditando. Por esos días, además, la comuna informó que los instructores de actividades físicas y deportivas que usen los espacios públicos del distrito serán empadronados, deberían pagar un tributo y se les asignaría determinados horarios para realizar sus cursos y talleres.
Frente a estas disposiciones, parejas, familias y grupos de universitarios se dieron cita en el malecón para participar de un picnic masivo en protesta a la gestión de Canales, quien llegó al sillón municipal por el partido ultraconservador Renovación Popular.
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