La fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales (Eficop), que investiga a los asesores de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por negociar votos con congresistas, apeló la decisión que establece su destitución del cargo.
Su abogado, Luciano López, quien asumió la defensa de Barreto y de los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, hizo público el recurso legal. “Es la primera de varias medidas que haremos en su defensa”, señaló. La medida indica que remover a Barreto de sus funciones, “vulnera sus derechos constitucionales en el ejercicio pleno de la función pública y la independencia de su labor como fiscal”. Así, como también daña la lucha contra la corrupción, al poner en riesgo investigación contra Patricia Benavides. Este pedido deberá ser resuelta por la Junta de Fiscales Supremos.

El recurso ha sido presentado con “efecto suspensivo”. Para Cruz Silva del Carpio, abogada del IDL, la justificación de la Fiscalía para sacar de sus funciones a la fiscal superior Barreto califica como ”intromision a la justicia”, pues, en términos simples la investigada está retirando a quien la investiga. Además, no hay motivación suficiente. Por consecuencia, es “nula de derecho” y “absurda”, señaló en entrevista con Ideele Radio.
Cabe recordar que la decisión oficial publicada en el diario El Peruano, que releva del cargo a Barreto, y en su lugar coloca a José Miguel Cuya, fue publicada en una edición extraordinaria del periódico, el reciente lunes 27 de noviembre, poco antes de la medianoche. La resolución fue apresuradamente firmada por Benavides, en un intento casi evidente por obstruir la operación Valkiria V, por el cual sus asesores fueron detenidos.
“La firma de la salida de la fiscal (Marita Barreto) es una resolución nula porque no es una remoción objetiva, sino que es la muestra de la desesperación de la fiscal de nación para obstaculizar el proceso de investigación (que hay contra Benavides)”, resalta Cruz Silva.

Protección de la CIDH para la fiscal Marita Barreto
Silva del Carpio abogó por la restitución de Marita Barreto como fiscal del Eficcop, destacando la falta de fundamento en su destitución y contravención a lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Argumentó que no existe una razón concreta para su retiro, haciendo hincapié en la protección de los magistrados a nivel internacional.
La situación de la fiscal Barreto resalta problemas en cuanto a la aplicación de los estándares internacionales estipulados por la Corte IDH respecto al cese de funcionarios judiciales. Silva del Carpio señaló que las acciones tomadas no tienen una base objetiva ni están debidamente justificadas, implicando una violación de los parámetros sentenciados por la Corte, y subraya la necesidad de una acción correctiva por parte de la Junta de Fiscales Supremos.

Silva del Carpio resaltó que revocar la decisión es importante para proteger la integridad del proceso investigativo y mantener el respeto por los derechos fundamentales de los magistrados conforme a estándares internacionales.
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