
El Congreso de la República, luego de aprobar la Ley que Prohíbe el Matrimonio Infantil, envió la autógrafa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Esta legislación, que busca establecer un precedente en la protección de los derechos de niñas y adolescentes, aguarda su publicación oficial para ser efectiva. El Ejecutivo ha dejado pasar los días, y ahora dispone de un plazo de 10 días hábiles para llevar a cabo esta acción. La normativa es un paso adelante en la lucha contra la impunidad de agresores sexuales que buscan refugio en el matrimonio con menores.
Con la implementación de la norma, se pretende cerrar toda opción en la que los violadores eviten consecuencias jurídicas al casarse con sus víctimas menores de edad. La iniciativa legislativa ha sido recibida como un “hito histórico” por defensores de los derechos de la infancia y la adolescencia, siendo un reflejo del compromiso del país con la erradicación de esta práctica nociva para el bienestar y desarrollo de las niñas.
Por tal motivo, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, que abogan por los derechos de las niñas y adolescentes, como el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales (Promsex), el Movimiento Manuela Ramos, el Centro de Salud Inppares y otros insisten en que el Gobierno peruano tome acción y promulgue cuanto antes la ley. Destacan su importancia en la prevención de abusos y en el fortalecimiento del marco legal que salvaguarda a la población vulnerable. Está aún por definirse la logística y los mecanismos de implementación una vez que la ley entre en vigor tras la oficialización por parte del Poder Ejecutivo.

La actual ley en espera de promulgación ratifica el compromiso del país con los convenios internacionales sobre los derechos humanos y la protección de los menores. La iniciativa legal se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible y las directrices marcadas por organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)y la ONU, que han llamado reiteradamente a una mayor protección legal y efectiva para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas. La comunidad internacional permanece atenta a esta y otras medidas que sean efectivas en acceso a la educación, salud y seguridad para las niñas
Matrimonio infantil en Ayacucho
En San José de Villa Vista, un pueblo en Ayacucho, aún se registran casos de uniones entre menores de edad y adultos. A pesar de las nuevas disposiciones legales, en esta comunidad alejada de la capital, la práctica persiste dada su situación de aislamiento y carencia, muestra un reportaje de Cuarto Poder.
San José de Villa Vista carece de atención en las estadísticas oficiales, enfrenta un abandono estatal y una evidente pobreza en sus calles. En la localidad viven dos jóvenes, Doris y Norma, nombres que usó el medio para proteger sus identidades, quienes ilustran la gravedad de la situación. Doris, madre de cuatro hijos, y Norma, madre de tres hijos, iniciaron su maternidad como adolescentes en circunstancias de abuso y abandono. Ambas experimentaron embarazos fruto de la explotación sexual en ausencia de sus padres, una realidad que comparten con otras jóvenes del pueblo.
Ñuqanchik, una organización sin fines de lucro trabaja para prevenir estos abusos. Sin embargo, se enfrentan a grandes retos, como la falta de un centro de salud adecuado para emergencias y partos, situación que resalta Edgard Suta, un técnico en enfermería de la localidad.
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