A pesar del pobre respaldo popular de acuerdo a las últimas encuestas, desde el Congreso de la República insisten en seguir con la promoción de polémicas iniciativas que apuntan a entidades del sistema de justicia. Recientemente se ha conocida que la legisladora Katy Ugarte busca realizar cambios en la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
Según el proyecto de ley N° 6320/2023-CR de la integrante de la bancada Unidad y Diálogo, presentada el 6 de noviembre pasado, se pretende reformar los artículos 51°-C, 51°-D y 51°-F del Decreto Legislativo N° 52, que está referido a la Ley Orgánica de la Fiscalía.
En el primer punto se menciona que el encargado de la entidad que se encarga de supervisar los actos funcionales de los fiscales será nombrado mediante concurso público por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por un periodo de cinco años y “sin posibilidad de volver a ocupar el cargo y le excluye la posibilidad de tener algún tipo de relación laboral, civil o comercial con el Ministerio Público después de terminado el periodo como fiscal de control”.
Seguidamente, se plantea que para ser el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público se requiere que jamás haya tenido algún vínculo laboral, civil y comercial con esta entidad.
En otra parte de la propuesta de Ugarte se lee que los fiscales de control también permanecerán por cinco años y se necesita que no hayan tenido algún vínculo con la entidad a la que pertenecerán.
Los demás integrantes de Unidad y Diálogo —Juan Burgos, Esdras Medina y Héctor Acuña— apoyan el proyecto con sus firmas.
¿Qué es la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público?
El 8 de mayo del 2019 se publicó la ley que crea la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que reemplazó a la Fiscalía Suprema de Control Interno.
Entre las principales atribuciones que se le adjudicaron están que podría iniciar una investigación disciplinaria contra cualquier fiscal con excepción de los fiscales supremos que estarían sometidos por la JNJ. Esta labor se iba a ejecutar a partir de quejas o reclamos que se presenten a nivel nacional.
Para ser elegido fiscal de control tenía que haber aprobado previamente el Programa de Especialización en Control impartido por la Academia de la Magistratura.
El 6 de setiembre del año pasado es que la JNJ decidió nombrar a Antonio Fernández Jerí como nuevo jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para el periodo 2022-2027. Accedió a este puesto tras conseguir 89.22 puntos en el concurso público.
Recién el 3 de noviembre del año pasado se publicó el reglamento de organización y funciones de la entidad.
Polémicas
Sin embargo, el órgano fiscalizador al interior de la Fiscalía ha sido objeto de polémicas. Una de las más graves es la publicación de un informe de la Contraloría general de la República que informó de presuntas irregularidades en los documentos que Fernández Jerí entregó ante la JNJ.
En el documento se menciona que la Dirección de Selección y Nombramiento de la JNJ otorgó un puntaje alto a Fernández Jerí a pesar de que habría presentado certificados de diplomas firmados por docentes que niegan haberlo hecho.
Frente a este cuestionamiento, el funcionario salió a tratar de minimizar las irregularidades que se dieron en su nombramiento.
“La resolución de la Contraloría, lo que persigue, es que se mejoren los procesos de concurso. Esto no persigue de ninguna manera responsabilidades penales ni administrativas. Se identifica qué cosa ha pasado en los procesos que por ejemplo no podría aceptarse como los diplomados virtuales”, anotó en RPP Noticias.
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