El exdirector superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, comunicó que no declarará en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y la exprimera dama, Nadine Heredia, según un documento dirigido por su defensa al Equipo Especial del Caso Lava Jato y difundido este domingo por Panorama.
El Poder Judicial había programado su declaración presencial para el martes 10 de octubre por el presunto aporte de tres millones de dólares para la campaña del Partido Nacionalista del 2011. Sin embargo, Barata alegó que no puede acceder al requerimiento por su acuerdo de colaboración eficaz.
La defensa del exdirectivo mencionó, de igual modo, que hay un “incumplimiento del procedimiento establecido en la ley para la actuación de la prueba testimonial”, al tratarse de un “testigo con domicilio real” en Brasil.
“Mantengo la firme intención de seguir cumpliendo con la obligación de testificar observando los procedimientos legales [...] Todas las declaraciones testimoniales que he brindado a lo largo de estos años se han realizado a través del procedimiento de cooperación penal internacional”, continúa el escrito.
El documento lleva la rúbrica de su nuevo abogado, César Nakazaki, quien anteriormente defendió a la expareja presidencial y participó en un interrogatorio realizado a Barata hace cuatro años en São Paulo.
Parte de los pagos a los exfuncionarios, explicó, se hicieron a través de cuentas de bancos offshore y en otras ocasiones era en efectivo que le proporcionaba el Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña, responsable de estas operaciones.
Ante el Equipo Especial Lava Jato, dirigido por el fiscal José Domingo Pérez, el exdirectivo respondió entonces a un interrogatorio como parte del juicio contra el exviceministro Jorge Cuba por supuestos aportes ilegales obtenidos a cambio del contrato de la construcción del Metro de Lima, durante el segundo gobierno del exmandatario Alan García.
El Ministerio Público los acusa de presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011 por la empresa brasileña y el régimen venezolano de Hugo Chávez. Por ello, ha solicitado 20 años de cárcel para el exgobernante y 26 años para su principal colaboradora.
Durante el tiempo que duró la investigación, ambos pasaron casi diez meses en prisión provisional separados en distintas cárceles entre julio de 2017 y abril de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional ordenó su puesta en libertad por considerarla una medida excesiva.
En agosto pasado, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional decidió revocar el impedimento de salida del país contra Heredia, quien no podía dejar territorio nacional por 18 meses al estar centrada en una investigación fiscal.
La resolución consideró que la conducta procesal de la exprimera dama es adecuada, ya que no se ha evidenciado ningún incumplimiento de las reglas de conducta impuestas previamente.
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